LD (EFE) Las acusaciones particulares han preguntado a Emilio Botín durante hora y media pero el presidente del Santander Central Hispano se ha negado a contestar y únicamente ha respondido –de manera afirmativa– al juez, cuando éste le ha preguntado si recordaba las fechas del contrato firmado con Amusátegui.
El presidente del Santander ha argumentado su negativa a contestar al afirmar que estas acusaciones venían motivadas por la "persecución" iniciada por Rafael Pérez Escolar (consejero de Banesto en la época de Mario Conde y condenado a 10 años de prisión) a raíz de que el Santander, tras hacerse con Banesto, pretendiera cobrarle las deudas que éste tenía con esa entidad.
El presidente del Santander ha argumentado su negativa a contestar al afirmar que estas acusaciones venían motivadas por la "persecución" iniciada por Rafael Pérez Escolar (consejero de Banesto en la época de Mario Conde y condenado a 10 años de prisión) a raíz de que el Santander, tras hacerse con Banesto, pretendiera cobrarle las deudas que éste tenía con esa entidad.
Botín volvería a pagar lo mismo a Amusátegui y Corcóstegui
A preguntas del Fiscal –que ha pedido en 4 ocasiones el sobreseimiento de la causa– el presidente del Santander, Emilio Botín, ha declarado que los pagos por el sueldo y la jubilación del ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui, fueron acordados por el ex copresidente del BSCH, José María Amusátegui, y el propio Botín y llevados al primer Consejo de Administración de la entidad fusionada, que las aprobó como paso para "ejecutar" una "exitosa" fusión.
Las respuestas de Emilio Botín ante el tribunal de la Audiencia Nacional se han centrado en asegurar que las indemnizaciones respondieron a la legalidad de los estatutos, fueron vistas por los Consejos de Administración y la Junta General de Accionistas, son prácticas "normales" respecto a las de otras grandes empresas y respondieron a la necesidad de fichar a un "buen consejero delegado" en un trámite "difícil". Además, Botín se ha mostrado absolutamente convencido de que "no se pagó ni una peseta de más" y ha afirmado volvería a pagar las mismas cantidades.
Las respuestas de Emilio Botín ante el tribunal de la Audiencia Nacional se han centrado en asegurar que las indemnizaciones respondieron a la legalidad de los estatutos, fueron vistas por los Consejos de Administración y la Junta General de Accionistas, son prácticas "normales" respecto a las de otras grandes empresas y respondieron a la necesidad de fichar a un "buen consejero delegado" en un trámite "difícil". Además, Botín se ha mostrado absolutamente convencido de que "no se pagó ni una peseta de más" y ha afirmado volvería a pagar las mismas cantidades.
Pese a que la cuantía de las pensiones se escribió a mano en los contratos de los beneficiarios "por razones de privacidad", el presidente del Santander ha añadido que las cifras se acordaron en el momento de la fusión y en ningún momento se incrementaron para que ambos salieran de la entidad por adelantado. Además, el banquero ha contextualizado estas ganancias dentro del mercado internacional de la banca, en el marco de una fusión que convertía al Santander en el decimocuarto banco del mundo (desde el puesto 27) y cuando existía fuerte competencia para la contratación de ejecutivos.
Respecto a la marcha de Amusátegui, Botín ha negado que le resultara "técnicamente incómoda" la situación de compartir el poder, así como que existieran "incompatibilidades de gestión". Según ha dicho, Amusátegui adelantó su salida del banco seis meses porque pensó que lo mejor para la entidad era que hubiera una presidencia única cuanto antes, dado que se habían conseguido por adelantado los proyectos de la fusión. En el caso del ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui, el presidente del Santander ha dicho que "fue una sorpresa" incluso para él, que intentó convencerle de que se quedara, sin conseguirlo.
La vista oral por la causa de las jubilaciones se ha reanudado este lunes con la petición de las acusaciones de que se admitan tres nuevas pruebas documentales y de que se cite a declarar a 26 peritos del Banco de España. Con estas pruebas, que el tribunal decidirá si admite en los próximos días, las acusaciones quieren contrarrestar la veintena de nuevos documentos que las defensas aportaron el pasado miércoles.