L D (EFE) Respecto a la nueva Agencia Pública del Alquiler, afirmó que es "un disparate" crear un organismo público cuando este tipo de agencias "ya existen en muchos municipios", que en su opinión son las administraciones más adecuadas para realizar este trabajo por su mayor cercanía a los ciudadanos.
Asimismo, dijo que el registro de demandantes ya existe en las CCAA y se preguntó de qué sirve una Agencia Estatal "si quien asigna las ayudas sobre vivienda es la Comunidad Autónoma". Matos señaló que el resto de medidas del Plan de Choque, como las nuevas comisiones interministeriales del suelo y de expertos en alquiler, la reforma de las Administraciones Públicas y de la Ley del Suelo o el código ético para el sector, no se han puesto en marcha.
En este sentido, anunció que su partido pidió el pasado 2 de febrero la comparecencia de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en la Comisión parlamentaria para que informe sobre los resultados, a 31 de enero, del Plan de Choque y para que explique cuáles van a ser los ejes estratégicos del próximo Plan de Vivienda. El Partido Popular (PP) también pedirá a Trujillo que aporte datos sobre las subvenciones concedidas al arrendador y al arrendatario y sobre el número de viviendas construidas en cada Comunidad Autónoma, además de las previstas en el Plan de Vivienda vigente.
El portavoz de los populares desgranó la política de vivienda de su partido, que es "la de nuestro programa electoral", y apostó por agilizar los trámites que afectan a la puesta en marcha de nuevas promociones y al alquiler, mediante la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil para "extender los juicios rápidos" a los pleitos entre propietario y arrendatario.
Pablo Matos afirmó que la situación del mercado inmobiliario en España es "boyante" porque se han vendido todas las viviendas construidas en 2003 y en 2004, ejercicios en los que se superaron las 600.000 viviendas de nueva construcción, aunque se mostró partidario de intentar moderar los precios. Además, se mostró en contra de cualquier modificación de la Ley del Suelo que limite la salida de suelo al mercado y confió en que con una "mayor oferta los precios se moderen".
Respecto a las perspectivas futuras, negó que nos encontremos ante una burbuja inmobiliaria y descartó una caída del precio de la vivienda, aunque los precios se "estabilizarán", y una subida brusca de los tipos de interés a corto y medio plazo.
Asimismo, dijo que el registro de demandantes ya existe en las CCAA y se preguntó de qué sirve una Agencia Estatal "si quien asigna las ayudas sobre vivienda es la Comunidad Autónoma". Matos señaló que el resto de medidas del Plan de Choque, como las nuevas comisiones interministeriales del suelo y de expertos en alquiler, la reforma de las Administraciones Públicas y de la Ley del Suelo o el código ético para el sector, no se han puesto en marcha.
En este sentido, anunció que su partido pidió el pasado 2 de febrero la comparecencia de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en la Comisión parlamentaria para que informe sobre los resultados, a 31 de enero, del Plan de Choque y para que explique cuáles van a ser los ejes estratégicos del próximo Plan de Vivienda. El Partido Popular (PP) también pedirá a Trujillo que aporte datos sobre las subvenciones concedidas al arrendador y al arrendatario y sobre el número de viviendas construidas en cada Comunidad Autónoma, además de las previstas en el Plan de Vivienda vigente.
El portavoz de los populares desgranó la política de vivienda de su partido, que es "la de nuestro programa electoral", y apostó por agilizar los trámites que afectan a la puesta en marcha de nuevas promociones y al alquiler, mediante la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil para "extender los juicios rápidos" a los pleitos entre propietario y arrendatario.
Pablo Matos afirmó que la situación del mercado inmobiliario en España es "boyante" porque se han vendido todas las viviendas construidas en 2003 y en 2004, ejercicios en los que se superaron las 600.000 viviendas de nueva construcción, aunque se mostró partidario de intentar moderar los precios. Además, se mostró en contra de cualquier modificación de la Ley del Suelo que limite la salida de suelo al mercado y confió en que con una "mayor oferta los precios se moderen".
Respecto a las perspectivas futuras, negó que nos encontremos ante una burbuja inmobiliaria y descartó una caída del precio de la vivienda, aunque los precios se "estabilizarán", y una subida brusca de los tipos de interés a corto y medio plazo.