L D (EFE) En un auto fechado este jueves, la juez Elisabet Castelló admite a trámite la querella, interpuesta contra GISA, encargada de la dirección y ejecución de las obras del metro de la Línea 5, las constructoras FCC, Comsa y Copisa Constructora Pirenaica, que han ejecutado la obra, la empresa TEC-4, encargada de la elaboración del proyecto y la dirección facultativa de los trabajos, y contra Geocontrol, que elaboró los estudios geológicos.
Sin embargo, la juez Castelló ha desestimado investigar un supuesto delito de encubrimiento, que los querellantes (la propietaria de un estanco y el dueño de una pastelería) imputan a las empresas anteriormente citadas por inyectar hormigón para tapar el túnel de maniobras, cuyo hundimiento originó el socavón. Según la magistrada, tal medida, que se llevó a cabo en el lugar de los hechos, "ha sido la que han considerado más idónea los propios autores o responsable del mal causado para remediarlo", por lo que, a su juicio, no existen indicios de delito en este sentido.
El auto tampoco estima adecuada la petición de los querellantes de llevar a cabo una inspección ocular en el lugar del siniestro, "habida cuenta de la complejidad, tecnicismo y extensión del perímetro de los hechos", y el decomiso del libro de obras, "del que no existe indicio alguno de que pueda ser alterado". En cambio, y a petición de la Fiscalía, la juez solicitará al departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat un informe sobre la actividad subterránea "inmediatamente desencadenante de los hundimientos" y los datos identificativos de las personas físicas concretas que la querella describe como querellados, a fin de que puedan ser citados a declarar.
Igualmente el auto ha acordado solicitar, "con la mayor urgencia", a la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Politécnica de Madrid un listado de catedráticos que dispongan de cualificación como ingenieros de caminos, ingenieros geólogos e ingenieros de minas, "para proceder a su nombramiento como peritos judiciales".
El auto tampoco estima adecuada la petición de los querellantes de llevar a cabo una inspección ocular en el lugar del siniestro, "habida cuenta de la complejidad, tecnicismo y extensión del perímetro de los hechos", y el decomiso del libro de obras, "del que no existe indicio alguno de que pueda ser alterado". En cambio, y a petición de la Fiscalía, la juez solicitará al departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat un informe sobre la actividad subterránea "inmediatamente desencadenante de los hundimientos" y los datos identificativos de las personas físicas concretas que la querella describe como querellados, a fin de que puedan ser citados a declarar.
Igualmente el auto ha acordado solicitar, "con la mayor urgencia", a la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Politécnica de Madrid un listado de catedráticos que dispongan de cualificación como ingenieros de caminos, ingenieros geólogos e ingenieros de minas, "para proceder a su nombramiento como peritos judiciales".
La empresa Gisa se defiende
El presidente de Gisa, Ramón Serra, ha asegurado que en las actas de las obras de la línea 5 del metro en las que diariamente se anotaba la marcha de los trabajos "no me consta que exista ningún motivo" que obligase a paralizarlos o a tomar medidas extraordinarias. En declaraciones a la emisora Catalunya Radio, Serra ha reconocido que no se hizo un buen control del seguimiento de las obras, a pesar de que ha rechazado tener alguna responsabilidad "de gestión o jurídica". También ha admitido que los trabajos acumulaban un retraso de diversos meses, así como una desviación presupuestaria al alza del 15 por ciento.
Serra puso su cargo a disposición del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, por la "magnitud" del suceso. "No porque pensase que Gisa o yo mismo tuviésemos ninguna responsabilidad de gestión o jurídica", ha remarcado. Serra ha afirmado que en las actas hay "sucesivas órdenes de refuerzo en diferentes tramos" que se ejecutan a medida que se perfora el túnel, y que en ningún caso se ordenó un refuerzo del túnel de maniobras que fuese desoído por las constructoras, FCC, Comsa y Copisa.