L D (EFE) El tribunal, presidido por el magistrado Antonio Díaz Delegado, tendrá que decidir ahora, después de nueve sesiones de vista oral, si las retribuciones de 43,8 y 108,1 millones de euros cobradas por Amusátegui y Corcóstegui, respectivamente, se ajustan o no a la legalidad.
Tanto las defensas de los tres ejecutivos como el fiscal no han apreciado los delitos de apropiación indebida y administración desleal, por los que las acusaciones particulares pidieron doce años de cárcel para Botín y seis años de prisión para Amusátegui y Corcóstegui.
A la conclusión del juicio oral, que se celebró en ocho jornadas, ninguno de los acusados quiso intervenir y dejaron las conclusiones finales de las defensas en manos de sus abogados Gonzalo Rodríguez Mourullo, Ramon Hermosilla y Javier Sánchez Junco. Las defensas dedicaron artículos como "espléndido", "magnífico" y "brillante" al informe final presentado ayer por el fiscal Fernando Burgos, quien dijo no apreciar delito en estas jubilaciones pues en la "libertad" del mercado, "el que puede paga".
Este viernes, los tres abogados defensores remacharon que no hubo "guerra de poder" en el Santander Central Hispano (SCH) y que los contratos fueron una consecuencia de la fusión, no una condición para ella, en contra de lo afirmado por las acusaciones. También recalcaron que los contratos fueron aprobados en varias ocasiones por el Consejo de Administración del Banco y ratificados, posteriormente, por la Junta de Accionistas de la entidad en la que hubo "absoluta transparencia" con estas retribuciones.
Además de fundamentar su defensa en la Ley de Sociedades Anónimas, los Estatutos del Banco y el Código Civil, la defensa de Amusátegui criticó que, en esta causa, el derecho penal -"que es de última intervención"- se haya visto "instrumentalizado" por las acusaciones para "abaratar" este tipo de procesos que se mantienen en el ámbito civil o mercantil. En concreto, las defensas coincidieron en quitar "legitimidad" a las acusaciones del ex consejero de Banesto en época de Mario Conde, Rafael Pérez Escolar, y el abogado Francisco Franco Otegui, pues cuando propusieron el cese de Botín en la Junta de Accionistas de 2004, obtuvo 1,2 millones de votos en contra y pocos más de 70.000 a favor.
Asimismo expusieron que la acusación se ha dirigido en contra de sus acusados, cuando la decisión la tomó "de forma colegiada y unánime" el Consejo de Administración, y que ha ido variando su estrategia, al ir recibiendo las pruebas de las defensas. Más allá fue el abogado de Botín, el catedrático Rodríguez Mourullo, quien afirmó este viernes, ante el tribunal, que el presidente del Santander "no debería estar" en el banquillo pues las acusaciones particulares asumieron la defensa del patrimonio social del banco, pese a sus pocas acciones y cuando no se ha producido perjuicio a sus arcas.
Al fundamentar jurídicamente su petición de absolución para Emilio Botín, José María Amusátegui y Angel Corcóstegui, sus abogados defensores negaron que hubiese administración desleal ni aprobación indebida, porque no se dio ningún dolo y los acuerdos pasaron por un notario, un registro, un reglamento, unos letrados asesores, el Banco de España y la CNMV. "Se trataría por una apropiación aprobada por el Consejo de Administración, provisionada, auditada, conocida por el Banco de España -que no abrió un expediente disciplinario- e incluida en las cuentas anuales presentadas a los accionistas y en el ejercicio fiscal", ironizó Gonzalo Rodríguez Mourullo.
Se pretende por parte de las acusaciones, según el defensor de Amusátegui, Ramón Hermosilla, "defender unos intereses pequeñísimamente minoritarios" y, además, se basan "en la teoría de la simulación" bajo presuntas "reprobaciones morales" que deberían haber sido compartidas por mercados nacionales e internacionales. El abogado de Corcóstegui y ex fiscal, Javier Sánchez Junco, recalcó la "inexistencia" de "elementos objetivos y subjetivos" para acusar, como se "ha puesto de manifiesto" en los testimonios de los acusados, los testigos, las pruebas periciales, documentales y la instrucción. Por último, los abogados de los tres ejecutivos recordaron que son las defensas quienes más pruebas han aportado a la causa, mientras que las acusaciones han renunciado a muchas de ellas, durante la vista.