L D (Agencias) En un comunicado, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, se refirió, de esta manera, a la resolución aprobada este viernes, en la que se instaba al Gobierno central a que, en tanto no se produzca la derogación de la Ley de Partidos Políticos, curse las instrucciones pertinentes al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que las elecciones autonómicas del próximo 17 de abril sean "plenamente democráticas y no excluyentes".
Según indicó el delegado de Gobierno, esta petición supone solicitar que "hagan dejación de sus funciones y responsabilidades a la hora de aplicar la Ley de Partidos". A juicio de Paulino Luesma, esta decisión constituye "una auténtica aberración jurídica y política". En este sentido, manifestó que "no es comprensible que una institución como el Parlamento pueda ni siquiera plantearse solicitar a un Gobierno que no aplique una Ley". Insistió en que "es inaceptable en cualquier régimen democrático, en cualquier Estado de Derecho sometido al imperio de la ley, que un gobierno pueda decidir conscientemente, ni a instancias de nadie, dejar sin valor un precepto legal".
Una resolución para saltarse la ley
El delegado recordó que las leyes "están para cumplirse" y que este cumplimiento "obliga esencialmente a todos los poderes públicos". De esta manera, cuestionó "qué confianza en esas instituciones, qué confianza en la Justicia pueden tener los ciudadanos de un país que observan, con estupor, actuaciones como las que pretende la resolución del Parlamento vasco".
En todo caso, indicó que "lo que es ciertamente antidemocratico es que en el País Vasco se vayan a celebrar unas elecciones en las que, día tras día, se queman las sedes de los partidos de la oposición y en la que los lideres parlamentarios de esa misma oposición son, entre otros, objetivo de la banda terrorista ETA". Por ello, señaló que PNV, EA y EB lo que deberían hacer es "forzar a Batasuna a que condene estos actos de violencia y cualquier expresión de terrorismo y no hacer recaer en el Gobierno de España la responsabilidad de la presencia de éste grupo ilegalizado en las próximas elecciones".