LD (EFE) Emilio Ybarra y el ex consejero delegado de este banco Pedro Luis Uriarte han declarado este martes, en la Audiencia Nacional, ante el juez Baltasar Garzón como imputados por un delito fiscal de 21 millones de euros, tras la compra de parte del Grupo Financiero Probursa (GFP) de México.
El ex presidente del BBV ha manifestado ante el magistrado que era consciente de los detalles de la compra de Probursa, pero no recibió explicaciones sobre el traspaso de acciones del grupo financiero a un precio que el ministerio fiscal considera "exageradamente elevado".
En 2002, el juez Garzón abrió una pieza separada dentro del caso de las cuentas secretas del BBV, para investigar si en la adquisición del 22,15 por ciento del Grupo Financiero Probursa en 1995 por BBV International Investment Corporation Puerto Rico (BBVIIC) se produjo un delito fiscal.
En varios escritos, el Ministerio Fiscal observa que la operación de compra de acciones de Probursa "se hizo a un precio exageradamente elevado, con el resultado de minorar las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de BBV en los años 1995 a 1998", en un montante de 21,02 millones de euros.
Este martes, el ex consejero delegado de la entidad ha explicado al juez los detalles del traspaso de acciones que, según Pedro Luis Uriarte, "no afectaba a la negociación" del banco. Sin embargo, Uriarte no ha querido responder a las preguntas de los periodistas en la Audiencia Nacional y ha argumentado que, por su edad, no se puede acordar de todo.
BBVA ha insistido, en varios escritos al juzgado, en que la transmisión de acciones realizada a BBV Internacional por las filiales de BBV en Panamá y Luxemburgo "venía obligada por la ley mexicana", como demuestra, según la entidad, un documento de la Unidad de Banca y Ahorro de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos.
El ex presidente del BBV ha manifestado ante el magistrado que era consciente de los detalles de la compra de Probursa, pero no recibió explicaciones sobre el traspaso de acciones del grupo financiero a un precio que el ministerio fiscal considera "exageradamente elevado".
En 2002, el juez Garzón abrió una pieza separada dentro del caso de las cuentas secretas del BBV, para investigar si en la adquisición del 22,15 por ciento del Grupo Financiero Probursa en 1995 por BBV International Investment Corporation Puerto Rico (BBVIIC) se produjo un delito fiscal.
En varios escritos, el Ministerio Fiscal observa que la operación de compra de acciones de Probursa "se hizo a un precio exageradamente elevado, con el resultado de minorar las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de BBV en los años 1995 a 1998", en un montante de 21,02 millones de euros.
Este martes, el ex consejero delegado de la entidad ha explicado al juez los detalles del traspaso de acciones que, según Pedro Luis Uriarte, "no afectaba a la negociación" del banco. Sin embargo, Uriarte no ha querido responder a las preguntas de los periodistas en la Audiencia Nacional y ha argumentado que, por su edad, no se puede acordar de todo.
BBVA ha insistido, en varios escritos al juzgado, en que la transmisión de acciones realizada a BBV Internacional por las filiales de BBV en Panamá y Luxemburgo "venía obligada por la ley mexicana", como demuestra, según la entidad, un documento de la Unidad de Banca y Ahorro de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos.