LD (EFE) Martínez Robles ha avanzado que la nueva empresa militar, bautizada provisionalmente como New Izar, podrá dejar las pérdidas y "mantenerse de forma equilibrada" en dos o tres años.
El acuerdo marco firmado el 16 de diciembre por la SEPI y los sindicatos contempla la segregación de los astilleros de Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Cádiz, que quedarán integrados en New Izar. El resto de los centros –Gijón, Sestao, Sevilla y Manises– serán vendidos cuando Izar entre en liquidación.
Martínez Robles ha subrayado que el proceso de venta debe ser "incondicionado" y ha confirmado que ya existen algunas ofertas por los astilleros civiles, aunque "sin concretar y sin valorar". "Es pronto para hablar de esta cuestión. Existen algunos industriales interesados, pero aún no está abierto el proceso formalmente", ha afirmado.
Sobre la eventual participación de las cajas de ahorro, el presidente de la SEPI ha reconocido que "no sería admisible que el Gobierno preparase una solución determinada u obligase de una u otra manera a las cajas a intervenir". No obstante, ha explicado que cada una de ellas, "en función de sus propias consideraciones", podrá decidir si está interesada en participar.
Martínez Robles ha destacado que la liquidación, que será vigilada por la CE, liberará a los astilleros civiles de la obligación de devolver las ayudas declaradas ilegales por Bruselas, que ascienden a 1.200 millones de euros. El proceso que desembocará en la liquidación se abrió el pasado 3 de febrero, cuando el Consejo de Administración de Izar constató la obligación de devolver las ayudas. A partir de ese día, el accionista de Izar, es decir la SEPI, tiene un plazo de dos meses para convocar una Junta General que declare la disolución de la empresa.
Durante el debate en la Comisión, el diputado popular Arsenio Fernández de Mesa se ha mostrado en desacuerdo con los planes del Gobierno y ha afirmado que otros países europeos, como Francia o Italia, no hubieran permitido "lo que la CE ha hecho con España". Por su parte, el diputado del PNV, Pedro María Azpiazu ha reclamado la participación del Gobierno vasco en el proceso de liquidación de Izar y ha expresado sus dudas sobre el futuro de los astilleros civiles.
Poco después, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes , ha descartado que el Ejecutivo vasco vaya a formar parte en el proceso de liquidación de Izar. Según Solbes, el Gobierno va a aplicar la Ley de Sociedades Anónimas "en todos sus términos", por lo que después de que la junta general de accionistas declare la situación de disolución de la empresa, "hay que poner en marcha un órgano de liquidación que sustituye al de administración". El acuerdo marco firmado el 16 de diciembre por la SEPI y los sindicatos contempla la segregación de los astilleros de Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Cádiz, que quedarán integrados en New Izar. El resto de los centros –Gijón, Sestao, Sevilla y Manises– serán vendidos cuando Izar entre en liquidación.
Martínez Robles ha subrayado que el proceso de venta debe ser "incondicionado" y ha confirmado que ya existen algunas ofertas por los astilleros civiles, aunque "sin concretar y sin valorar". "Es pronto para hablar de esta cuestión. Existen algunos industriales interesados, pero aún no está abierto el proceso formalmente", ha afirmado.
Sobre la eventual participación de las cajas de ahorro, el presidente de la SEPI ha reconocido que "no sería admisible que el Gobierno preparase una solución determinada u obligase de una u otra manera a las cajas a intervenir". No obstante, ha explicado que cada una de ellas, "en función de sus propias consideraciones", podrá decidir si está interesada en participar.
Martínez Robles ha destacado que la liquidación, que será vigilada por la CE, liberará a los astilleros civiles de la obligación de devolver las ayudas declaradas ilegales por Bruselas, que ascienden a 1.200 millones de euros. El proceso que desembocará en la liquidación se abrió el pasado 3 de febrero, cuando el Consejo de Administración de Izar constató la obligación de devolver las ayudas. A partir de ese día, el accionista de Izar, es decir la SEPI, tiene un plazo de dos meses para convocar una Junta General que declare la disolución de la empresa.
Durante el debate en la Comisión, el diputado popular Arsenio Fernández de Mesa se ha mostrado en desacuerdo con los planes del Gobierno y ha afirmado que otros países europeos, como Francia o Italia, no hubieran permitido "lo que la CE ha hecho con España". Por su parte, el diputado del PNV, Pedro María Azpiazu ha reclamado la participación del Gobierno vasco en el proceso de liquidación de Izar y ha expresado sus dudas sobre el futuro de los astilleros civiles.