(Libertad Digital) El responsable de Inmigración de la CEP, Rodrigo Gavilán, dijo que los inmigrantes que se devuelven por las escasas fronteras catalanas controladas vuelven a entrar en España por carreteras comarcales. Desde que salió a la luz este fenómeno, se han desplazado al Pirineo dos grupos de la Unidad de Intervención de la Policía para reforzar algunas fronteras como la Junquera pero, según Gavilán, se trata de antidisturbios que permanecen en estos puestos de forma temporal y sólo vigilan durante dos o tres horas diarias. “Sabemos que los autobuses devueltos vuelven a entrar porque se les ha detectado en Madrid y Barcelona”, denuncia.
Según el portavoz del sindicato policial, “nos llevaremos una sorpresa cuando se revise el padrón porque la cifra de 2004 será desorbitante”, debido a que, aunque es cierto que si han llegado a España después del 7 de agosto no podrán acogerse a este proceso de regularización, se podrán acoger al artículo 45 del reglamento de la ley de extranjería que concede el permiso de residencia a los inmigrantes que demuestren haber vivido en nuestro país durante dos años, tengan contrato de trabajo y carezcan de antecedentes penales, conocido como arraigo.
Rodrigo Gavilán denunció especialmente la situación que se está produciendo en Cataluña, donde se está “replegando” al Cuerpo de Policía Nacional, el único que tiene competencias sobre inmigración. El sindicato considera que, en lugar de enviar antidisturbios a controlar las fronteras, se debe enviar policías fijos procedentes de la Academia de Avila. “Pedimos que, de la próxima promoción que salga de Avila en julio se destinen 150 agentes a los puestos fronterizos catalanes y otros 300 como mínimo a las Brigadas de Extranjeros” de las poblaciones que reciben mayor flujo de inmigrantes ilegales.
Además, el portavoz sindical acusó a los ayuntamientos catalanes de favorecer esta inmigración ilegal por practicar la “desobediencia civil” al negar el acceso a sus padrones a la Policía Nacional, lo que está causando la aparición de “pisos patera”, es decir, viviendas donde están empadronados decenas de inmigrantes, lo que, según él, resta validez al certificado de empadronamiento como documento para la regularización.