(Libertad Digital) El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha anunciado la adopción de nuevas medidas antiterroristas en la conferencia de prensa posterior al consejo de ministros extraordinario, celebrado el día del aniversario del atentado del 11 de marzo. Uno de los objetivos de las nuevas medidas es ejercer un mejor control de los polvorines.
Para alcanzar un mejor control el Gobierno ha reformado el Reglamento de Control de Explosivos y el Código Penal. De este modo, presentará un Proyecto ante el Parlamento que prevé el aumento de las penas para quienes "obligados a vigilar los explosivos, falten a sus obligaciones". Con la nueva medida se mejorará, a juicio de Alonso, el comportamiento de quienes por su actividad custodian este material. El Reglamento de Control de Expolsivos ordena tras las últimas reformas que los polvorines auxiliares tengan a partir de ahora doble cerradura obligatoria.
Otra de las medidas incorporadas al Reglamento son la obligatoriedad de vigilancia privada para las obras de más de seis meses de duración y que almacenen más de 150 kilogramos de explosivo, o 1.000 detonadores, o de que, en el proceso de voladura del explosivo los responsables cuenten con vigilantes de seguridad en la fase final de su consumo. Del mismo modo, estos vigilantes podrán realizar registros individuales con carácter aleatorio, entre el personal que haya participado en el manejo de los explosivos.
La Guardia Civil, en otro de los cambios introducidos en la legislación, contará ahora con la facultad de oponerse a la contratación del personal que utiliza los explosivos. Por último, además de hacer un reparto más nítido de las responsabilidades de los encargados de los libros-registro, el Ministerio del Interior ha dispuesto que las autorizaciones de ámbito nacional a empresas para la utilización de este material sean otorgadas por la Secretaría de Estado de Seguridad. La autorización se hará previo informe favorable de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y de la Dirección Genral de la Guardia Civil.
Prórroga del plazo de ayudas
Otra de las iniciativas del Gobierno, anunciadas en rueda de prensa por la Vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, consiste en la aprobación de una prórroga de seis meses en el plazo con que contaban las víctimas para solicitar las ayudas previstas en la Ley de Solidaridad. El objetivo, según ha declarado la propia Vicepresidenta, es "que ninguna víctima se quede sin su ayuda".
El Ministro del Interior ha anunciado que, desde la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, se han aumentado en 300 el número de agentes destinados al refuerzo de los servicios de información antiterroristas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De estos, 150 se incorporan a la Policía Nacional y 150 a la Guardia Civil.
Por otro lado, José Antonio Alonso ha hecho hincapié en su comparecencia en el papel que juega la financiación de las actividades terroristas "en una economía con libertad de movimiento de capitales". En virtud de esta idea el ministro ha presentado al Consejo de Ministros un Proyecto de Reglamento de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. De acuerdo con este Proyecto, se creará una comisión con miembros de los ministerios de Interior, Hacienda y Justicia, así como del Ministerio Fiscal, que tendrá la facultad de bloquear y prohibir la apertura de cuentas. Del mismo modo, la comisión podrá observar e investigar dichas cuentas.