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El Gobierno se enfrenta a la primera huelga de la Justicia por incumplir los compromisos del PP

Los sindicatos CSI-CSIF, CCOO y UGT han convocado una huelga general en Justicia para el próximo miércoles 16 de marzo, la primera en este sector contra un Gobierno, por el incumplimiento de los acuerdos firmados entre los sindicatos y el Ministerio cuando gobernaba el Partido Popular. El Ministerio de Justicia ha acusado a los sindicatos de romper las negociaciones sin escuchar las contrapropuestas y ha replicado que ha cumplido los acuerdos publicados en el BOE.

(Libertad Digital) Los sindicatos CSI-CSIF, CCOO y UGT han convocado huelga general en Justicia para el próximo miércoles, 16 de marzo por los incumplimientos por parte del Ministerio de Justicia de los acuerdos firmados en noviembre de 2002 y en octubre de 2003, cuando gobernaba el PP.
 
Según fuentes sindicales el director general de Relaciones con la Justicia, Ricardo Bodas, manifestó en una reunión con los líderes sindicales el pasado 3 de diciembre que “el equipo actual del Ministerio de Justicia no se siente vinculado con los acuerdos ni política, ni jurídica, ni moralmente”. Este jueves día 10 está convocada una concentración de los funcionarios ante los centros de trabajo, entre las 11 y las 12 del mediodía.
 
El pasado 1 de marzo los sindicatos reunieron a medio millar de delegados sindicales procedentes de toda España en una manifestación que transcurrió desde la sede del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo, hasta Ferraz, donde está situada la sede del Partido Socialista.
 
Acuerdo “prácticamente imposible”
 
El martes 8 de marzo tuvo lugar la última reunión entre los sindicatos mayoritarios y los responsables del Ministerio, entre los que se encontraba el secretario de Estado Luis López Guerra. La reunión no se pudo cerrar con acuerdo ya que el Ministerio, según los sindicatos, se mantenía en sus posiciones, mientras que las centrales también mantenían sus exigencias. Fuentes sindicales creen que el acuerdo es prácticamente imposible, dado la lejanía de los puntos de vista. Este miércoles habrá una nueva reunión dedicada a fijar los servicios mínimos. Tampoco se ha podido llegar a un acuerdo en este punto, ya que a juicio de los sindicatos los servicios fijados superan a los habituales en sábado, o en un día festivo.
 
El conflicto se viene gestando desde hace meses por lo que los sindicatos consideran incumplimientos tanto salariales como referidos al ámbito estatutario. En concreto una de las reivindicaciones sindicales se refiere al pago de 428 euros anuales consolidables, acordado en diciembre de 2003, y cuyo pago está previsto a partir del próximo 15 de marzo. Si bien el Ministerio se ha mostrado dispuesto a abonar dicha cantidad, el compromiso que ha adquirido se limita a los funcionarios del área no transferida y no a las Comunidades Autónomas a las que la gestión está transferida. Los sindicatos recuerdan que el acuerdo firmado en su día alcanzaba a todos los funcionarios independientemente del destino, lo que vendría reflejado en el acuerdo publicado en el BOE el 15 de abril de 2004.
 
Circular interna
 
El Secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, explicó la posición del Gobierno en una circular interna, enviada el 18 de marzo a los funcionarios por la intranet del ministerio. Los sindicatos denuncian que ellos no tienen acceso a la intranet para hacer llegar sus comunicaciones, que tienen que enviar a su costa. Otra de las quejas realizadas por fuentes sindicales es que el Ministerio ha hecho uso de la cuenta de consignaciones para el envío de la nota del Secretario de Estado.
 
López Guerra alega que no puede obligar a las Comunidades Autónomas a responsabilizarse de ese acuerdo, pero la presidenta para Justicia del sindicato CSI-CSIF, Julia Jiménez Salgado, pone la pelota en el tejado de la Administración central, ya que entiende que los medios que necesite el Ministerio para cumplir los acuerdos es responsabilidad de éste. Los acuerdos firmados entre los sindicatos y el anterior gobierno cubrían un período de tres ejercicios, de 2003 a 2005.
 
Otro de los incumplimientos denunciados por los líderes sindicales es la negativa por el Ministerio de Justicia de aumentar en un 1,5% la masa salarial en el complemento general del puesto de trabajo. El Ministerio alega que este incremento no se cita en el acuerdo de octubre de 2003 en el que sí está incluida la referencia a los 428 euros, acuerdo que, por otro lado, no habría firmado el Ministerio. Esto último ha sido desmentido por los sindicatos. Por otro lado, estos también piden la convocatoria inmediata del concurso de traslado de todas las vacantes, así como la garantía de la movilidad voluntaria.

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