L D (EFE) En el informe de alegaciones al recurso de AG contra la sentencia del Tribunal Supremo, que anuló el pasado sábado su candidatura a las elecciones vascas, explica que en este proceso "no se ventila el grado en que AG comparte postulados políticos con ETA, sino si es o no una continuadora o sucesora de los partidos disueltos" (HB, EH y Batasuna) por la Ley de Partidos.
El abogado del Estado, en representación del Gobierno, añade que los electores integrantes de AG pueden defender sus ideas sobre "el conflicto político" por "cuantos cauces sean legales", pero advierte de que lo que no pueden es "pretender defender esas ideas u otras mediante una agrupación de electores que continúa de facto a partidos disueltos por sentencia".
Argumenta que en el País Vasco "hay partidos, algunos de ellos partidos de Gobierno, que comparten postulados políticos con ETA (por ejemplo secesión del País Vasco y el diálogo sin exclusiones) y no por eso han sido ilegalizados y disueltos" y recalca que esas formaciones "defienden pacífica y democráticamente" los mismos "no mediante la violencia o su aprovechamiento, como ocurre con las bandas terroristas y sus satélites".
Respecto a la negativa de AG a condenar el terrorismo de ETA, una de las bases del Supremo para concluir que esta formación presta apoyo político a la banda terrorista, el abogado del Estado indica que "una cosa es que la negativa a condenar el terrorismo sea un acto de ejercicio de la libertad de opinar, y otra bien distinta que ese acto libre no pueda servir como indicio para evidenciar una continuidad respecto de un partido disuelto". Dice que de las declaraciones del portavoz de AG y de su manifiesto, al contrario de lo que alega en su recurso la plataforma, se concluye que ésta "se ofrece al electorado para cumplir la misma función de complemento político de ETA que cumplía Batasuna".
"Si solo falta una opción (en las elecciones vascas), y AG garantiza la presencia de todas las opciones, es porque asume la función de complementar el terrorismo que desempeñaba Batasuna", añade el escrito, que sostiene que el manifiesto político de la plataforma "no es precisamente un texto diáfano y pretende crear una cierta confusión" por lo que debe ser comparado "con la constante negativa de sus dirigentes a tomar posición clara contra el terrorismo". Respecto al contenido de los boletines que sirven de medio de expresión a ETA (zutabe), aportados a la causa, el abogado del Estado discrepa de la interpretación que hace de ellos AG.
En este sentido, rechaza que ETA en uno de sus zutabes aluda a Batasuna cuando pide apoyo a "la opción electoral de la izquierda abertzale", ya que "hasta los más lerdos podían anticipar que las candidaturas de Batasuna no serían proclamadas"."A lo que ETA se refiere, indudablemente, es a otra opción electoral con alguna posibilidad de intentar prosperar", precisa. También rechaza en su escrito que se haya vulnerado algún derecho constitucional en la intervención de la conversación sobre el proceso electoral mantenida en el centro penitenciario de Huelva entre el preso etarra Jorge García Sertucha y la responsable de Ekin y Batasuna, Elisabet Zubiaga.
Tampoco se ha vulnerado, en su opinión, ningún derecho al facilitarse al Gobierno la documentación presentada por AG ante la Junta Electoral ya que hay una norma legal que lo prevé y considera que el tratamiento informático de los datos personales de los firmantes "no entraña investigación alguna de su ideología política". El abogado del Estado cree que no es cierto que se haya producido una "inhabilitación electoral de personas por su actuación política pasada", sino que "lo que se impide es la continuación de la actividad de los partidos disueltos mediante el montaje de agrupaciones electorales".
El abogado del Estado, en representación del Gobierno, añade que los electores integrantes de AG pueden defender sus ideas sobre "el conflicto político" por "cuantos cauces sean legales", pero advierte de que lo que no pueden es "pretender defender esas ideas u otras mediante una agrupación de electores que continúa de facto a partidos disueltos por sentencia".
Argumenta que en el País Vasco "hay partidos, algunos de ellos partidos de Gobierno, que comparten postulados políticos con ETA (por ejemplo secesión del País Vasco y el diálogo sin exclusiones) y no por eso han sido ilegalizados y disueltos" y recalca que esas formaciones "defienden pacífica y democráticamente" los mismos "no mediante la violencia o su aprovechamiento, como ocurre con las bandas terroristas y sus satélites".
Respecto a la negativa de AG a condenar el terrorismo de ETA, una de las bases del Supremo para concluir que esta formación presta apoyo político a la banda terrorista, el abogado del Estado indica que "una cosa es que la negativa a condenar el terrorismo sea un acto de ejercicio de la libertad de opinar, y otra bien distinta que ese acto libre no pueda servir como indicio para evidenciar una continuidad respecto de un partido disuelto". Dice que de las declaraciones del portavoz de AG y de su manifiesto, al contrario de lo que alega en su recurso la plataforma, se concluye que ésta "se ofrece al electorado para cumplir la misma función de complemento político de ETA que cumplía Batasuna".
"Si solo falta una opción (en las elecciones vascas), y AG garantiza la presencia de todas las opciones, es porque asume la función de complementar el terrorismo que desempeñaba Batasuna", añade el escrito, que sostiene que el manifiesto político de la plataforma "no es precisamente un texto diáfano y pretende crear una cierta confusión" por lo que debe ser comparado "con la constante negativa de sus dirigentes a tomar posición clara contra el terrorismo". Respecto al contenido de los boletines que sirven de medio de expresión a ETA (zutabe), aportados a la causa, el abogado del Estado discrepa de la interpretación que hace de ellos AG.
En este sentido, rechaza que ETA en uno de sus zutabes aluda a Batasuna cuando pide apoyo a "la opción electoral de la izquierda abertzale", ya que "hasta los más lerdos podían anticipar que las candidaturas de Batasuna no serían proclamadas"."A lo que ETA se refiere, indudablemente, es a otra opción electoral con alguna posibilidad de intentar prosperar", precisa. También rechaza en su escrito que se haya vulnerado algún derecho constitucional en la intervención de la conversación sobre el proceso electoral mantenida en el centro penitenciario de Huelva entre el preso etarra Jorge García Sertucha y la responsable de Ekin y Batasuna, Elisabet Zubiaga.
Tampoco se ha vulnerado, en su opinión, ningún derecho al facilitarse al Gobierno la documentación presentada por AG ante la Junta Electoral ya que hay una norma legal que lo prevé y considera que el tratamiento informático de los datos personales de los firmantes "no entraña investigación alguna de su ideología política". El abogado del Estado cree que no es cierto que se haya producido una "inhabilitación electoral de personas por su actuación política pasada", sino que "lo que se impide es la continuación de la actividad de los partidos disueltos mediante el montaje de agrupaciones electorales".