L D (Europa Press) El presidente de la Comisión de Inmigración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Bartolomé González, alcalde de Alcalá de Henares por el Partido Popular, trasladó las "quejas" de la Comisión a la directora general de Inmigración, Marta Rodríguez-Tarduchy, en una reunión en la que analizaron la evolución del proceso de normalización de extranjeros y los nuevos criterios que propone el Gobierno para flexibilizar el acceso al certificado de empadronamiento. Fundamentalmente, la Comisión de Inmigración de la FEMP apunta que los ayuntamientos "no saben qué documentos deben solicitar a los inmigrantes" ni "la fecha que han de poner" en el certificado de empadronamiento; la del inicio del expediente, la de su finalización, o la que consta en el documento público que presente el inmigrante.
Por ello, este miércoles solicitarán a la directora del Instituto Nacional de Estadística, Carmen Alcalde, que concrete los documentos exigidos. "Cuando nos los mande (los ayuntamientos) empezarán” a tramitar los certificados de empadronamiento", subrayó González en rueda de prensa al término de la reunión. González considera que los ayuntamientos "han de sacar las castañas del fuego" al Gobierno, teniendo en cuenta que son las administraciones que deben atender "la avalancha de solicitudes y las quejas de los vecinos. De esta manera, entiende que el Ejecutivo ha "lanzado la pelota" a los ayuntamientos y le exige que les saque "del lío" en el que, a su entender, les ha metido a raíz de esta última decisión
Además, apunta que existe el riesgo de que los inmigrantes reciban un trato distinto en función del ayuntamiento en el que residan, en el cado de que no coincidan los requisitos exigidos. González pone el ejemplo de los municipios madrileños de San Fernando y Coslada, en los que, a su juicio, podría haber diferencias de criterio, a pesar de que tan solo están separados por una calle. De esta manera, González valora que el Ejecutivo está "metiendo presión" al proceso extraordinario de regulación, máxime cuando concluirá el próximo 7 de mayo y, de manera reiterada se ha insistido en que no se va a prorrogar esta fecha. Esta situación, señaló, afectará especialmente a los municipios más pequeños de aquellas comunidades donde existe una mayor presión migratoria, debido a la limitación de recursos.
