L D (EFE) El dictamen contó con los votos favorables del resto de los grupos parlamentarios, que también rechazaron las siete enmiendas presentadas por el PP a la proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal, que continuará ahora su tramitación en el Senado. El dictamen deroga tres artículos del Código Penal por el que se sancionan con penas de entre tres a cinco años de cárcel e inhabilitación a la autoridad que convoque procesos electorales o consultas populares por la vía del referéndum careciendo de competencia.
También anula que se castigue con cárcel "a la autoridad o funcionarios que allegara fondos, bienes, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos" por su relación con delitos de terrorismo. Según el dictamen, las citadas conductas carecen de la "suficiente entidad como para merecer el reproche penal y menos aún si la pena que se contempla es la prisión", y añade que en cuanto a las ayudas públicas a formaciones disueltas o suspendidas, "el ordenamiento ya prevé una sanción penal si constituyeran actos de participación en asociación ilícita".
El portavoz del PP, Ignacio Astarloa, defendió la actual regulación y las enmiendas de su grupo al considerar que no se puede privar al Estado de Derecho de instrumentos de defensa "frente a dos desafíos"; el de quien "quiere convocar un referéndum de secesión de manera ilegal" y el de quienes "financien desde las instituciones al terrorismo". Astarloa se mostró en contra de que no tenga consecuencias jurídicas que una autoridad pública convoque a la ciudadanía para "provocar por las bravas la ruptura de España", lo que supone, añadió, que salga "gratis" convocar un "referendo de secesión".
Recordó que el Código Penal está plagado de sanciones a conductas de "infinita menor gravedad" y preguntó al Gobierno y al PSOE sobre lo que van hacer cuando "el desafío se produzca" y no existan esos "instrumentos razonables". "Hay un señor que ha dicho que lo hará", aseguró Astarloa en referencia pero sin citarlo al Lehendakari, Juan José Ibarretxe, al tiempo que consideró incomprensible que no tenga consecuencias penales que un "funcionario o autoridad dé dinero al terror".
Desde el PSOE, su portavoz Alvaro Cuesta, afirmó que "no está en juego la protección del Estado de Derecho frente amenazas secesionistas" y recordó que el Código Penal ha subsistido sin necesidad de crear un tipo específico para penar la convocatoria de referendos. La portavoz del PNV, Margarita Uría Uria, calificó de "torpeza y barbaridad política" la tipificación como delito la convocatoria de referendos sin tener competencia para ello y felicitó a todos los grupos de la cámara, a excepción del PP, porque según dijo, "por fin vamos a arrojar del ordenamiento jurídico lo que nunca debió introducirse en él".
También anula que se castigue con cárcel "a la autoridad o funcionarios que allegara fondos, bienes, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos" por su relación con delitos de terrorismo. Según el dictamen, las citadas conductas carecen de la "suficiente entidad como para merecer el reproche penal y menos aún si la pena que se contempla es la prisión", y añade que en cuanto a las ayudas públicas a formaciones disueltas o suspendidas, "el ordenamiento ya prevé una sanción penal si constituyeran actos de participación en asociación ilícita".
El portavoz del PP, Ignacio Astarloa, defendió la actual regulación y las enmiendas de su grupo al considerar que no se puede privar al Estado de Derecho de instrumentos de defensa "frente a dos desafíos"; el de quien "quiere convocar un referéndum de secesión de manera ilegal" y el de quienes "financien desde las instituciones al terrorismo". Astarloa se mostró en contra de que no tenga consecuencias jurídicas que una autoridad pública convoque a la ciudadanía para "provocar por las bravas la ruptura de España", lo que supone, añadió, que salga "gratis" convocar un "referendo de secesión".
Recordó que el Código Penal está plagado de sanciones a conductas de "infinita menor gravedad" y preguntó al Gobierno y al PSOE sobre lo que van hacer cuando "el desafío se produzca" y no existan esos "instrumentos razonables". "Hay un señor que ha dicho que lo hará", aseguró Astarloa en referencia pero sin citarlo al Lehendakari, Juan José Ibarretxe, al tiempo que consideró incomprensible que no tenga consecuencias penales que un "funcionario o autoridad dé dinero al terror".
Desde el PSOE, su portavoz Alvaro Cuesta, afirmó que "no está en juego la protección del Estado de Derecho frente amenazas secesionistas" y recordó que el Código Penal ha subsistido sin necesidad de crear un tipo específico para penar la convocatoria de referendos. La portavoz del PNV, Margarita Uría Uria, calificó de "torpeza y barbaridad política" la tipificación como delito la convocatoria de referendos sin tener competencia para ello y felicitó a todos los grupos de la cámara, a excepción del PP, porque según dijo, "por fin vamos a arrojar del ordenamiento jurídico lo que nunca debió introducirse en él".