(Libertad Digital) Finalmente el proceso de regularización de inmigrantes se ha saldado con casi 700.000 solicitudes. Según Caldera, el proceso ha sido todo un "éxito" y ya sólo quedan en España 100.000 inmigrantes ilegales. Pero se basa sólo en la cifra de 800.000 ilegales que había en agosto, antes de anunciar el proceso. Con el efecto llamada, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, en abril había en España 1.6 millones de ilegales.
La Confederación Española de Policía (CEP) considera que, una vez analizados los expedientes, podrán ser regularizados unos 500.000 ilegales "en el mejor de los casos". Pero aún en el poco probable caso de que todas las solicitudes lleguen a ser positivas, a los 100.000 sin papeles que dice Caldera que habrá cuando acabe el proceso, hay que sumarles los 800.000 ilegales –según cifras del INE- que han entrado en España en los últimos diez meses por el efecto llamada de la regularización "más los 2.000 que siguen entrando diariamente por el Pirineo". "Cuando acabe el proceso en España habrá un millón de ilegales más. Los 100.000 serán en una sola provincia", dice el CEP.
Desde el PP, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, consideró que el proceso de regularización "se le va a volver en contra" al Gobierno socialista y generará "muchos problemas en el futuro". A su juicio, "los resultados son los que son" porque el Ejecutivo entró en el proceso "sin ningún tipo de cálculo previo, a ciegas", con lo que se ha provocado "un efecto llamada evidente".
Los devaneos de Caldera
La semana del 11 al 15 de abrir, Caldera tomó varias decisiones. Cediendo a las presiones de las ONG y tras comprobar que no se iba a alcanzar la cifra de 800.000 solicitudes de regularización que había vaticinado, suprimió el requisito del empadronamiento antes del 8 de agosto de 2004. no hay que presentar el certificado de empadronamiento para acceder al proceso, el inmigrante sólo tiene que demostrar que reside en España antes de esa fecha con otro documento y pedir el empadronamiento. Caldera lo ha denominado “empadronamiento por omisión”.
El problema surgió a la hora de definir qué documentos serían válidos para demostrar la residencia. En un principio, el ministro intentó quitarse el muerto de encima y endosárselo a los ayuntamientos; es decir, que fuera cada consistorio el que decidiera qué documentos eran válidos y cuales no. Los ayuntamientos se negaron. El Ministerio tendría que hacer una lista de documentos válidos y los funcionarios se regirían por ella. Hasta el mismo viernes por la noche, la lista no estuvo elaborada. Finalmente, siete documentos servirían para demostrar la residencia antes del 8 de agosto: Una orden de expulsión no ejecutada (inmigrantes detenidos por ilegales pero que aún no han podido ser expulsados de España); una solicitud de empadronamiento no resuelta o denegada; una tarjeta sanitaria; una solicitud de escolarización de menores; un certificado de un informe de los servicios sociales; un alta laboral en la Seguridad Social; o una solicitud de asilo. La orden de expulsión levantó ampollas entre los sindicatos policiales. Desde la Confederación Española de Policía calificaron de “burla” al trabajo de más de mil funcionarios de policía dedicados a Extranjería que una orden de expulsión sirva ahora para regularizarse. “Caldera es un mago. Es la única persona capaz de transformar órdenes de expulsión en permisos de residencia”, dijo el portavoz de Inmigración del sindicato, Rodrigo Gavilán.
El proceso de regularización desde sus inicios
El lunes 7 de febrero arrancó el “Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”. Consuelo Rumí daba las claves: regularizar la situación de los ilegales que entraron en España mientras gobernaba el PP y que, eso sí, “demuestren una relación fehaciente con el mercado laboral”.
A los diez días de inicarse el proceso los problemas se multiplican por varios frentes. Los más destacados, que el efecto llamada denunciado por el PP se produjo en una de las fronteras más sensibles de la Península. El Pirineo. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, reconoce que por las fronteras catalanas se cuelan miles de inmigrantes ilegales procedentes de Rumanía y Bulgaria por la falta de vigilancia en las carreteras secundarias. Promete más policía e incluso da cifras. Pero los sindicatos policiales le desmienten. Esos efectivos no se incorporarán hasta mucho después de que finalice el proceso de regularización.
Además comenzaron los fraudes en los documentos, que primero denuncia Eduardo Zaplana (PP) y se produjeron las primeras detenciones. Un contrato de trabajo falso cuesta 1.000 euros, y un certificado de empadronamiento también falso, 500.
Los objetivos declarados y los objetivos ocultosSegún la secretaria de Estado de Inmigración, el objetivo de la regularización es "resolver la situación de muchas personas que se encuentran aquí en situaciones que hemos heredado y a las que el Gobierno anterior no dio respuesta". Sin embargo, podría haber otros objetivos no declarados, como sanear las cuentas de la Seguridad Social o conceder el voto a los inmigrantes, lo que podría asegurar un granero de votos para la izquierda.
El empresario presenta los documentos
La novedad de esta regularización es que es el propio empresario el que tiene que presentar los documentos para contratar al inmigrante. El empleador y no el extranjero tiene que guardar las colas para regularizar al inmigrante y se hará en las oficinas de la Seguridad Social, no en las de Extranjería. Los documentos que se requieren son los siguientes:
1. Original y copia del documento que identifique al extranjero.
2. Certificado que acredite que se ha empadronado en España antes del 8 de agosto de 2004 (suprimido el 15 de abril).
3. Certificado de antecedentes penales.
4. Documentos del empleador (DNI o CIF) en la Seguridad Social.
5. Contrato de trabajo por un mínimo de 6 meses. En el caso de trabajo agrícola bastará con 3 meses. En el de hostelería y construcción, 6 meses repartidos en un año. Y en el del servicio doméstico, bastará con acreditar un mínimo de 30 horas semanales aunque sean repartidas en distintos hogares. En este último caso –y sólo en él– será pues, el inmigrante el que presente la solicitud.
6. La Administración comprobará si el solicitante tiene antecedentes penales.
Este proceso no ha estado exento de críticas y polémica. Entre las primeras, las del PP, partido acusado de haber propiciado el caos en materia de inmigración ilegal. Pero también hay que reseñar las de algunos socios europeos. El ministro de Interior alemán, Otto Schily, y la ministra de Inmigración holandesa, Rita Verdonk, criticaron al Gobierno español por no haber consultado con sus socios europeos el proceso extraordinario de regularización de trabajadores extranjeros que no sólo afectarán a España.