(Libertad Digital) Las agencias internacionales de calificación de riesgo consideran en sus informes que hay que tener en cuenta, en mayor o menor medida, el actual debate político para calibrar con más exactitud cuál será la capacidad de las comunidades autónomas de hacer frente a compromisos futuros de deuda en los mercados mundiales.
Según publica este sábado el diario El Mundo, la agencia de calificación Moody's ha difundido un informe en castellano en el que mantiene que “el Gobierno central tiene ante sí una tarea complicada si quiere mantener un sistema equitativo que ofrezca el nivel de cohesión del que han disfrutado las comunidades autónomas desde 1977 hasta ahora”.
Moody's sostiene que “las diferentes regiones españolas tienen ideas distintas sobre el nivel de solidaridad que debe implicar el sistema; algunas son claramente partidarias de retener una mayor proporción de los fondos recaudados a nivel local para sus propios presupuestos y aportar menos a la caja interregional (...) Las CCAA con bases fiscales más sólidas están presionando para que se fije una tasa de retención más alta, algo que podría ir detrimento de otras CCAA más débiles”.
Por ello, la agencia es “reacia” a modificar al alza sus calificaciones crediticias en España hasta ver cómo se despeja el panorama, particularmente en lo que se refiere al Estatuto catalán. Moody's difunde habitualmente sus informaciones entre 2.600 instituciones y 16.000 inversores de todo el mundo. Que Moody's y otras agencias como Standard & Poor's o Fitch revelen informes positivos sobre las comunidades autónomas permite a éstas emitir deuda en los mercados internacionales a un precio razonable. Sin embargo, no dejan de avisar de los peligros que existen.
Por ejemplo, Moody's destaca que “los cambios del Estatuto vasco están aún pendientes” y cree que “el plan Ibarretxe podría tener graves consecuencias para el sistema autonómico actualmente en vigor en España”. Subraya además esta agencia neoyorquina que el voto en contra de este plan “no pone fin al asunto”; y vaticina que “la incertidumbre puede persistir durante algún tiempo”.
Desde la agencia Standard & Poor's, José Ramón Abós, quiso señalar que aunque ellos no analizan cuestiones como el plan Ibarretxe, sí dijo que “se tiene en cuenta todo lo que pueda afectar a la calidad crediticia de los gobiernos autonómicos”. Abós indicó que coinciden en “las incertidumbres” que genera el cambio del modelo de financiación. Sí fue más severo con Cataluña, Baleares y Valencia por su excesivo gasto sanitario y con Andalucía por “el bajo nivel de desarrollo económico de la región, en comparación con otras de Europa».
Por su parte, Fitch, por medio de su analista Guilhem Costes, ha mostrado también su preocupación ante las incertidumbres que ofrece actualmente el Estado sobre el futuro modelo de financiación autonómica y destacó “los problemas que las comunidades autónomas tendrán que afrontar en 2005”, especialmente en “la presión del gasto sanitario”. Desde esta agencia se quiso hacer un especial hincapié en las “fuertes diferencias de renta en España”, poniendo como ejemplo que Madrid “es más del doble que la de Extremadura”.