L D (Europa Press) Esta cuestión será objeto de negociación entre la Iglesia y el Estado, en el marco de una comisión mixta, teniendo en cuenta que la vigencia del actual sistema de financiación concluye el próximo mes de diciembre y ha de tenerse en cuenta de cara a la redacción de los próximos Presupuestos Generales del Estado. López Guerra recuerda que el actual sistema genera fondos del Estado a la Iglesia, por una parte, de manera indirecta a través de las aportaciones de los contribuyentes en la declaración de la renta y, por otra, a través de aportaciones directas del Estado, vía presupuestaria. "El sistema que tenemos es forzosamente transitorio", recalcó.
Las fórmulas que baraja el Gobierno "son muy diversas", atendiendo a los modelos que ofrece el derecho comparado. Para Justicia "lo ideal" es que la parte que aporta el Estado vía presupuestaria "vaya disminuyendo" y que "los fondos que reciba la Iglesia derivasen de las aportaciones indirectas de los ciudadanos". En cualquier caso, Justicia insiste en que las fórmulas se estudiarán "dentro de las negociaciones previstas en los acuerdos" entre el Estado y la Santa Sede. "La voluntad del Gobierno es llevar a cabo, en lo que se refiere a las relaciones con la Iglesia Católica, las negociaciones que están previstas en los acuerdos y se excluyen acciones unilaterales que no obedezcan a los mismos", insistió.
En este sentido, la "acomodación" de los acuerdos en materia económica se realizará "previa consulta entre los representantes de la Iglesia y los del Gobierno. El Ejecutivo comparte la letra de los acuerdos que persigue la futura autofinanciación de la iglesia católica. No obstante, es consciente de que "pasar de la fase actual a una fase de mayor autofinanciación requiere un periodo de transición". "Insisto en que los acuerdos han dado lugar a fórmulas concretas de financiación y pueden irse redefiniendo en diversos plazos", manifestó López Guerra a Europa Press.
Ningún contencioso abierto
Partiendo de esta base, Justicia entiende que el Gobierno y la Iglesia no tiene ningún contencioso abierto, más allá de las diferencias de opinión sobre la actividad legislativa del Estado que no se ajusta a los dogmas" del catolicismo. Entre éstos se encuentran la cuestión del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, algo que, para Justicia, "no supone ni mucho menos un enfrentamiento sino la aplicación de un programa avalado por el electorado". "Y una sociedad pluralista como la española no tiene por qué considerarse como confrontación", concluyó.
La Iglesia Católica recibió el año pasado un total de 138 millones procedentes de las arcas del Estado, a través de la asignación de los contribuyentes en la casilla del 0,5 por ciento del IRPF y las cantidades establecidas en los Presupuestos Generales del Estado, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, a los que tuvo acceso Europa Press. La cantidad que recibe la Iglesia se ha incrementado todos los años un 2 por ciento desde 2000 registrándose la siguiente evolución: 120 millones de euros en 2000; 130 millones en 2001; 133 millones en 2002; y 136 millones en 2003. En lo que se refiere a las asignaciones que recibe la Iglesia exclusivamente a través de la casilla de la declaración de la renta, la Agencia sólo dispone de datos cerrados hasta 2002, año en el que los contribuyentes destinaron 105,9 millones.
En este sentido, la Iglesia recibió por parte del Estado 27 millones adicionales, al margen de la casilla de la renta, en virtud de los pagos acordados a cuenta de los Presupuestos, para garantizar la financiación de esta institución (fundamentalmente para las retribuciones de los sacerdotes, el mantenimiento de parroquias y el material litúrgico). Según los mismos datos, las asignaciones de los contribuyentes se elevaron en 2000 a 97,7 millones, a los que se sumaron otros 31 por vía presupuestaria. En 2001, la casilla del 0,5 le reportó 95,7 millones a la Iglesia, y por vía presupuestaria recibió además otros 30.