L D (EFE) La Iglesia puso, sin embargo, como condiciones "apostar todos al bien común de Bolivia con generosidad y desprendimiento; deponer toda actitud de violencia e intransigencia y ceder en la radicalidad de las demandas".
El Ejecutivo, por medio del director de Información y Prensa del Ministerio de Presidencia, Osvaldo Candia, confirmó el inicio de conversaciones con la Iglesia, pero aclaró que "todavía se está determinando quiénes asistirán al encuentro". "Entendemos en primera instancia que se podría realizar una primera reunión el día de mañana (este sábado)" en la ciudad de Santa Cruz, sede de la CEB, dijo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossio, admitió también que la institución eclesiástica se puso en contacto con él y con el presidente de la Cámara de Senadores y se mostró dispuesto a negociar. "Hemos expresado oficialmente la decisión de participar", indicó Cossio, quien opinó que "lo que más requiere el país en este momento es serenidad y construir un escenario de encuentro que posibilite devolverle al país certidumbre y le abra cierta esperanza hacia el futuro".
El líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, hizo "con mucho respeto", un "llamado al cardenal (Julio) Terrazas a poner sus buenos oficios por la unidad del pueblo boliviano y para evitar que haya derramamiento de sangre". No obstante, anunció que continuarán con las protestas porque "las movilizaciones tienen un claro propósito: recuperar los hidrocarburos, la nacionalización de hecho, y la Asamblea Constituyente". Estas peticiones son la bandera de los sindicatos y organizaciones sociales que se manifiestan desde hace dos semanas en la ciudad de La Paz y la localidad aledaña de El Alto, y que mantienen bloqueados más de 50 puntos en las carreteras del país.
En el lado opuesto se encuentran los líderes del departamento oriental de Santa Cruz, que este viernes rechazaron el decreto dictado un día antes por el presidente del país, Carlos Mesa, para elegir en las urnas a los miembros de una Asamblea Constituyente y votar en un referéndum sobre autonomías en la misma fecha, el 16 de octubre. Mesa justificó su decisión por el temor a que el plazo acordado por el Congreso para volverse a reunir, el martes, y discutir sobre la forma de llevar adelante estas dos reformas constitucionales fuera demasiado largo "por el momento de urgencia" que vive la nación.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Germán Antelo, tildó la propuesta de inconstitucional y ratificó la decisión de este grupo de celebrar, el 12 de agosto y sin aval legal, un referéndum autonómico en esta región, la más pujante del país y una de las que posee las mayores reservas de gas natural y petróleo en el subsuelo. Según los dirigentes cruceños, la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente debe realizarse después de la consulta sobre autonomías y en un clima de paz, no en el actual.
Además de los efectos de las protestas sobre la actividad de los ciudadanos, este viernes volvió a crecer la tensión alrededor de las Fuerzas Armadas, que tuvieron que desmentir el segundo pronunciamiento sedicioso de uno de sus integrantes en los últimos diez días, en este caso falso. Medio centenar de manifestantes demandó una salida de fuerza a la institución castrense ante el Estado Mayor, en el barrio paceño de Miraflores, y repartió un panfleto en el que un general anunciaba un inexistente plan de instalar un gobierno cívico-militar en el país.
El presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossio, admitió también que la institución eclesiástica se puso en contacto con él y con el presidente de la Cámara de Senadores y se mostró dispuesto a negociar. "Hemos expresado oficialmente la decisión de participar", indicó Cossio, quien opinó que "lo que más requiere el país en este momento es serenidad y construir un escenario de encuentro que posibilite devolverle al país certidumbre y le abra cierta esperanza hacia el futuro".
El líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, hizo "con mucho respeto", un "llamado al cardenal (Julio) Terrazas a poner sus buenos oficios por la unidad del pueblo boliviano y para evitar que haya derramamiento de sangre". No obstante, anunció que continuarán con las protestas porque "las movilizaciones tienen un claro propósito: recuperar los hidrocarburos, la nacionalización de hecho, y la Asamblea Constituyente". Estas peticiones son la bandera de los sindicatos y organizaciones sociales que se manifiestan desde hace dos semanas en la ciudad de La Paz y la localidad aledaña de El Alto, y que mantienen bloqueados más de 50 puntos en las carreteras del país.
En el lado opuesto se encuentran los líderes del departamento oriental de Santa Cruz, que este viernes rechazaron el decreto dictado un día antes por el presidente del país, Carlos Mesa, para elegir en las urnas a los miembros de una Asamblea Constituyente y votar en un referéndum sobre autonomías en la misma fecha, el 16 de octubre. Mesa justificó su decisión por el temor a que el plazo acordado por el Congreso para volverse a reunir, el martes, y discutir sobre la forma de llevar adelante estas dos reformas constitucionales fuera demasiado largo "por el momento de urgencia" que vive la nación.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Germán Antelo, tildó la propuesta de inconstitucional y ratificó la decisión de este grupo de celebrar, el 12 de agosto y sin aval legal, un referéndum autonómico en esta región, la más pujante del país y una de las que posee las mayores reservas de gas natural y petróleo en el subsuelo. Según los dirigentes cruceños, la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente debe realizarse después de la consulta sobre autonomías y en un clima de paz, no en el actual.
Además de los efectos de las protestas sobre la actividad de los ciudadanos, este viernes volvió a crecer la tensión alrededor de las Fuerzas Armadas, que tuvieron que desmentir el segundo pronunciamiento sedicioso de uno de sus integrantes en los últimos diez días, en este caso falso. Medio centenar de manifestantes demandó una salida de fuerza a la institución castrense ante el Estado Mayor, en el barrio paceño de Miraflores, y repartió un panfleto en el que un general anunciaba un inexistente plan de instalar un gobierno cívico-militar en el país.