L D (EFE) El anuncio fue realizado en el palacio Legislativo de La Paz, donde Morales consideró que el adelanto de las elecciones "es la mejor solución" que existe en la actual coyuntura.
La petición de Morales se produjo después de que los sectores que han convocado protestas rechazaran la de la Conferencia Episcopal Boliviana de suspender las manifestaciones y sentarse a dialogar, en el ámbito de la mediación que asumió la Iglesia católica el viernes pasado. Mientras prosigue la búsqueda de una salida política a la crisis, las protestas se intensificaron y el país se encuentra aislado del exterior por las barricadas hechas con troncos y piedras, que impiden el paso por las principales carreteras.
La Paz está sitiada por la huelga general que se efectúa en la población aledaña de El Alto, que además de taponar sus salidas por tierra ha comenzado a generar escasez de productos básicos y ha obligado a cerrar las estaciones de servicio en las que se han agotado las reservas de combustible. Según la Constitución, en caso de que renuncie Mesa, la sucesión presidencial recae en Vaca Díez, en Cossio y, en último lugar, en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, el único de los tres habilitado para convocar a elecciones. "No vemos otra forma de buscar soluciones, pero para eso debe haber desprendimiento de estas autoridades, del presidente (Mesa) y (de los presidentes) del Senado y de (la cámara de) Diputados, que han entrampado la agenda política", remarcó Evo Morales al pedir la renuncia del presidente.
Al haber transcurrido menos de tres de los cinco años de la actual legislatura, que finaliza en 2007, las elecciones serían sólo para los cargos de presidente y vicepresidente, pero no para la renovación del Legislativo, en el ojo del huracán del conflicto. El Congreso tiene previsto reanudar mañana las negociaciones para instalar una sesión en el hemiciclo en la que se debata el decreto dictado por Mesa el jueves pasado para que se convoque simultáneamente la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente y un referéndum sobre autonomías, el 16 de octubre.
El departamento oriental de Santa Cruz, el más pujante del país, ha logrado el respaldo de otras tres regiones y de algunos partidos conservadores para celebrar el 12 de agosto una consulta autonómica sin el aval legal del Parlamento. Además de la instalación de una Asamblea Constituyente, los sectores que se manifiestan en La Paz y El Alto piden la nacionalización de los campos de gas natural y de petróleo.
Morales exigió este sábado la reversión, mediante un decreto presidencial, de las concesiones que el Estado suscribió desde 1996 con 72 empresas petroleras, entre las que se encuentran Repsol YPF, Petrobras, TotalFinaElf y British Gas. La actividad del sector de la energía en Bolivia está sujeta a una normativa promulgada en mayo, diez meses después de que un referéndum aprobó formular una nueva política para aumentar la carga tributaria y la participación estatal en el sector, pero que no ha satisfecho a los sindicatos.
El líder socialista y sindical demandó al Estado que ocupe los pozos petroleros, argumentando que los contratos vigentes son nulos porque carecen de respaldo legislativo. Ante el aumento de la presión de los manifestantes, que han cercado la plaza en la que está el Palacio de Gobierno y el Congreso, el Ejecutivo ha pedido a la población que mantenga la calma y evite enfrentamientos, aunque todavía no se ha pronunciado sobre la posibilidad de adelantar elecciones generales.
La petición de Morales se produjo después de que los sectores que han convocado protestas rechazaran la de la Conferencia Episcopal Boliviana de suspender las manifestaciones y sentarse a dialogar, en el ámbito de la mediación que asumió la Iglesia católica el viernes pasado. Mientras prosigue la búsqueda de una salida política a la crisis, las protestas se intensificaron y el país se encuentra aislado del exterior por las barricadas hechas con troncos y piedras, que impiden el paso por las principales carreteras.
La Paz está sitiada por la huelga general que se efectúa en la población aledaña de El Alto, que además de taponar sus salidas por tierra ha comenzado a generar escasez de productos básicos y ha obligado a cerrar las estaciones de servicio en las que se han agotado las reservas de combustible. Según la Constitución, en caso de que renuncie Mesa, la sucesión presidencial recae en Vaca Díez, en Cossio y, en último lugar, en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, el único de los tres habilitado para convocar a elecciones. "No vemos otra forma de buscar soluciones, pero para eso debe haber desprendimiento de estas autoridades, del presidente (Mesa) y (de los presidentes) del Senado y de (la cámara de) Diputados, que han entrampado la agenda política", remarcó Evo Morales al pedir la renuncia del presidente.
Al haber transcurrido menos de tres de los cinco años de la actual legislatura, que finaliza en 2007, las elecciones serían sólo para los cargos de presidente y vicepresidente, pero no para la renovación del Legislativo, en el ojo del huracán del conflicto. El Congreso tiene previsto reanudar mañana las negociaciones para instalar una sesión en el hemiciclo en la que se debata el decreto dictado por Mesa el jueves pasado para que se convoque simultáneamente la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente y un referéndum sobre autonomías, el 16 de octubre.
El departamento oriental de Santa Cruz, el más pujante del país, ha logrado el respaldo de otras tres regiones y de algunos partidos conservadores para celebrar el 12 de agosto una consulta autonómica sin el aval legal del Parlamento. Además de la instalación de una Asamblea Constituyente, los sectores que se manifiestan en La Paz y El Alto piden la nacionalización de los campos de gas natural y de petróleo.
Morales exigió este sábado la reversión, mediante un decreto presidencial, de las concesiones que el Estado suscribió desde 1996 con 72 empresas petroleras, entre las que se encuentran Repsol YPF, Petrobras, TotalFinaElf y British Gas. La actividad del sector de la energía en Bolivia está sujeta a una normativa promulgada en mayo, diez meses después de que un referéndum aprobó formular una nueva política para aumentar la carga tributaria y la participación estatal en el sector, pero que no ha satisfecho a los sindicatos.
El líder socialista y sindical demandó al Estado que ocupe los pozos petroleros, argumentando que los contratos vigentes son nulos porque carecen de respaldo legislativo. Ante el aumento de la presión de los manifestantes, que han cercado la plaza en la que está el Palacio de Gobierno y el Congreso, el Ejecutivo ha pedido a la población que mantenga la calma y evite enfrentamientos, aunque todavía no se ha pronunciado sobre la posibilidad de adelantar elecciones generales.