L D (EFE) En su informe de fiscalización de los excedentes de la Seguridad Social y del Fondo de Reserva, el Tribunal reseña que el mantenimiento de los préstamos contraídos por la Seguridad Social con el Estado "condiciona permanentemente su situación económico-financiera". Además, mantiene a este organismo en una situación de desequilibrio financiero, a pesar de los resultados positivos obtenidos en los tres últimos ejercicios.
El informe recuerda que, a finales de 2002, la Seguridad Social tenía una deuda de 36.189,6 millones de euros, de los que 26.250,6 millones correspondían a deudas con el Estado. Entre 1992 y 1999 el Estado le concedió once préstamos, sin plazo de amortización o con un plazo de diez años, por un importe total de 17.212,8 millones de euros, para financiar sus resultados negativos, de los que al cierre de 2002 quedaban pendientes de devolver 17.168,6 millones.
El informe recuerda que, a finales de 2002, la Seguridad Social tenía una deuda de 36.189,6 millones de euros, de los que 26.250,6 millones correspondían a deudas con el Estado. Entre 1992 y 1999 el Estado le concedió once préstamos, sin plazo de amortización o con un plazo de diez años, por un importe total de 17.212,8 millones de euros, para financiar sus resultados negativos, de los que al cierre de 2002 quedaban pendientes de devolver 17.168,6 millones.
Tres de estos préstamos, por un importe conjunto de 3.372,4 millones de euros, sirvieron para cancelar las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 1991 del extinguido INSALUD, por razones "económico-presupuestarias de carácter coyuntural", explica el Tribunal de Cuentas. Además de esos once préstamos, la Seguridad Social contrajo durante los ejercicios 1992 a 1999 una segunda deuda con el Estado por importe de 9.081,5 millones de euros, derivada de la falta de devolución de los fondos recibidos para la financiación de las competencias sanitarias asumidas por el País Vasco y Navarra.
Por otra parte, el informe evalúa la gestión de los recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y reseña que el modelo de inversión utilizado hasta ahora impide aprovechar las oportunidades que puede ofrecer el mercado secundario. Recomienda una gestión más activa del Fondo, mediante la creación de una unidad especializada que esté permanente en el mercado y que tome las decisiones "más beneficiosas para los intereses del Fondo de Reserva".
También se puede optar por invertir los recursos del Fondo en otro tipo de activos, por aplicar fórmulas operativas para rentabilizar estos recursos al margen del mercado o por incorporar asesores externos especializados. Ante esta crítica, el Ministerio de Economía alega que las decisiones de los órganos rectores del Fondo han estado guiadas por la aplicación del criterio de "máxima prudencia" y que cualquier inversión en los mercados financieros entraña riesgos, pero el Tribunal subraya que "una cosa es una gestión prudente y otra muy distinta una gestión pasiva".