L D (EFE) Clemente, en una rueda de prensa celebrada en Valladolid, lamentó que Calvo presente ese centro como "algo nuevo" y como "una alternativa, compensación o pago a la destrucción del Archivo", lo que consideró "una verdadera lástima" y un "intento de confundir a la opinión pública".
Recordó que el centro no representa ninguna novedad, sino que "es el resultado de un encargo que el Gobierno central realizó en 1996 a la Junta Superior de Archivos" como consecuencia de la nueva catalogación de los fondos de la Guerra Civil como Archivo General, que desde 1979 estaban adscritos como una sección más en el Archivo Histórico Nacional. "Anuncia como algo nuevo lo que ya estaba previsto desde hace años por una decisión de gobiernos anteriores", lamentó la consejera, quien denunció "claros indicios de incongruencia y vulneración de la Ley de Patrimonio Histórico" en el proyecto que restituirá a la Generalidad de Cataluña documentos de Salamanca.
Clemente agregó que en la decisión del Gobierno, "no existe soporte técnico ni constitucional de ninguna clase por mucho que se vote en el Parlamento" y sobre cuya legalidad "se pronunciará el Tribunal Supremo".
Recriminó también al Gobierno central que en la decisión de devolver a la Generalidad de Cataluña parte de los fondos del Archivo de Salamanca argumente la existencia de aquella como institución antes de 1936, y no utilice el mismo criterio para los municipios de otras comunidades que también han pedido legajos que se custodian en la capital salmantina.
Advirtió también del riesgo de "comercio de papeles" que puede existir cuando se devuelvan a Cataluña los legajos reclamados por la Generalidad, muchos de ellos de tipo particular, que afectan a personas físicas, y que "pueden acabar en manos de cualquiera porque en el procedimiento de devolución no se establece ningún mecanismo de delimitación".
Recordó que el centro no representa ninguna novedad, sino que "es el resultado de un encargo que el Gobierno central realizó en 1996 a la Junta Superior de Archivos" como consecuencia de la nueva catalogación de los fondos de la Guerra Civil como Archivo General, que desde 1979 estaban adscritos como una sección más en el Archivo Histórico Nacional. "Anuncia como algo nuevo lo que ya estaba previsto desde hace años por una decisión de gobiernos anteriores", lamentó la consejera, quien denunció "claros indicios de incongruencia y vulneración de la Ley de Patrimonio Histórico" en el proyecto que restituirá a la Generalidad de Cataluña documentos de Salamanca.
Clemente agregó que en la decisión del Gobierno, "no existe soporte técnico ni constitucional de ninguna clase por mucho que se vote en el Parlamento" y sobre cuya legalidad "se pronunciará el Tribunal Supremo".
Recriminó también al Gobierno central que en la decisión de devolver a la Generalidad de Cataluña parte de los fondos del Archivo de Salamanca argumente la existencia de aquella como institución antes de 1936, y no utilice el mismo criterio para los municipios de otras comunidades que también han pedido legajos que se custodian en la capital salmantina.
Advirtió también del riesgo de "comercio de papeles" que puede existir cuando se devuelvan a Cataluña los legajos reclamados por la Generalidad, muchos de ellos de tipo particular, que afectan a personas físicas, y que "pueden acabar en manos de cualquiera porque en el procedimiento de devolución no se establece ningún mecanismo de delimitación".