L D (EFE) El magistrado respondió así a las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que anunció que antes del verano se reformará la Ley del Menor y que la misma reforzará las facultades del juez para poder disponer "individualizadamente" que, a partir de la mayoría de edad, la pena privativa de libertad pueda cumplirse en centros penitenciarios.
En declaraciones a Efe, Calatayud explicó que esta posibilidad creará inseguridad jurídica, ya que, como habrá acusación particular, ésta podrá recurrir la decisión del juez de ingreso o no en prisión ante las audiencias provinciales, que serán finalmente las que decidan. Esto supondrá que se pierda la especialidad de la jurisdicción de Menores, puesto que la audiencias provinciales no están servidas por magistrados especialistas, advirtió Calatayud, que apuntó que se creará, al mismo tiempo, "discriminación e inseguridad jurídica", ya que las distintas audiencias podrán dar "un tratamiento desigual".
"Sería más fácil que la ley dijese que a la mayoría de edad todos a prisión", apuntó el juez de Menores de Granada, para quien la posibilidad de que un "chaval, por muy grave que sea el delito que cometa", pase a prisión a los 18 años es una "auténtica barbaridad". En la actualidad, un menor infractor puede ingresar en un centro penitenciario a los 23 años para cumplir el resto de pena que le quede, una edad que, para Calatayud, es muy diferente de los 18 años, "a la que es muy difícil que un joven se reinserte en una cárcel".
Por otra parte, Calatayud pidió al ministro que cumpla la ley y el precepto de que antes de reformarla hay que evaluar si ha funcionado o no, al tiempo que le instó a visitar los centros de menores para ver si cumplen los objetivos de reinserción. "¿Cómo va a modificar la ley si no sabe el resultado que ha tenido su aplicación?", se preguntó Calatayud, quien apuntó que "debe de funcionar muy bien la justicia de adultos cuando nuestro norte con los menores infractores es dirigirnos hacia los parámetros de ésta". El juez aseguró que, en su opinión, los centros de menores cumplen sus objetivos, a lo que añadió que tiene claro "que la prisión no funciona tan bien como parece".
En declaraciones a Efe, Calatayud explicó que esta posibilidad creará inseguridad jurídica, ya que, como habrá acusación particular, ésta podrá recurrir la decisión del juez de ingreso o no en prisión ante las audiencias provinciales, que serán finalmente las que decidan. Esto supondrá que se pierda la especialidad de la jurisdicción de Menores, puesto que la audiencias provinciales no están servidas por magistrados especialistas, advirtió Calatayud, que apuntó que se creará, al mismo tiempo, "discriminación e inseguridad jurídica", ya que las distintas audiencias podrán dar "un tratamiento desigual".
"Sería más fácil que la ley dijese que a la mayoría de edad todos a prisión", apuntó el juez de Menores de Granada, para quien la posibilidad de que un "chaval, por muy grave que sea el delito que cometa", pase a prisión a los 18 años es una "auténtica barbaridad". En la actualidad, un menor infractor puede ingresar en un centro penitenciario a los 23 años para cumplir el resto de pena que le quede, una edad que, para Calatayud, es muy diferente de los 18 años, "a la que es muy difícil que un joven se reinserte en una cárcel".
Por otra parte, Calatayud pidió al ministro que cumpla la ley y el precepto de que antes de reformarla hay que evaluar si ha funcionado o no, al tiempo que le instó a visitar los centros de menores para ver si cumplen los objetivos de reinserción. "¿Cómo va a modificar la ley si no sabe el resultado que ha tenido su aplicación?", se preguntó Calatayud, quien apuntó que "debe de funcionar muy bien la justicia de adultos cuando nuestro norte con los menores infractores es dirigirnos hacia los parámetros de ésta". El juez aseguró que, en su opinión, los centros de menores cumplen sus objetivos, a lo que añadió que tiene claro "que la prisión no funciona tan bien como parece".
El juez Calatayud es conocido por sus originales sentencias. A los que queman mobiliario urbano les condena a trabajar con los bomberos. A los que conducen borrachos, a visitar parapléjicos, y a los que comenten pequeños delitos como robos o hurtos, a estudiar.