(Libertad Digital) El titular del Juzgado de instrucción número 14 ha acusado al jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid y a dos agentes a su cargo de "detención ilegal" y "falsedad en documento público". En el auto, el juez Carlos Valle y Muñoz-Torrero. El magistrado imputa a los tres policías la detención de los militantes "sin que hubiera dato alguno" contra ellos, y les acusa de rehacer el atestado policial, "haciendo desaparecer el inicial a fin de que no figuraran los cuatro funcionarios que actuaron en las diligencias desde su inicio". Según el auto, la reelaboración del atestado tenía como objetivo evitar incluir en las diligencias "la negativa del segundo de los instructores a practicar las detenciones".
El juez relata que el inspector jefe H.C. se negó a leerles sus derechos y detener a los militantes populares aduciendo que no había pruebas "salvo que los citados reconocieran haber perpetrado algún delito". Su jefe, entonces, le replicó que "lo hiciera o ambos iban a tener problemas". Un tercer instructor se ocupó de rehacer las diligencias, cosa que acabó con "la privación de libertad de Isidoro y Antonia, comunicándoseles que quedaban detenidos, leyéndoseles sus derechos como tales, recibiéndoseles declaración en tal carácter y acordando luego su libertad tras haber pasado varias horas en las dependencias policiales".
El auto finaliza diciendo que "tanto en sus declaraciones, en los que ambos negaron haber participado en los hechos, como en el material obrante hasta el momento de la detención en poder de los funcionarios imputados, no existe dato alguno (testimonios, cintas de vídeo, etc.) que permitiera afirmar la realización por parte de los detenidos de los hechos por los que fueron privados de libertad". Por lo tanto, el caso Bono queda visto para juicio, y a partir de ahora, las acusaciones particulares, las defensas y el fiscal disponen de un plazo de diez días para que presenten escrito de acusación y formulen peticiones de apertura del juicio oral, sobreseimiento o la práctica de alguna diligencia que se considere urgente o imprescindible. Posteriormente, el magistrado instructor deberá resolver. A la vista del contenido del auto, todo hace indicar que decretará la apertura de juicio oral, paso previo y decisivo para que los imputados puedan ser juzgados.
El PP considera probado que el ministro mintió y pide dimisiones
El líder del PP, Mariano Rajoy, pidió este sábado "responsabilidades políticas" al Gobierno por la detención de dos militantes del PP por una presunta agresión al ministro Bono en la manifestación de enero pasado, y aseguró que el delegado del Gobierno en Madrid, que "toma estas decisiones, ya no debería" seguir en el cargo. Tras un paseo que realizó por la localidad pontevedresa de Caldas de Reis en el marco de la campaña electoral gallega, Rajoy se expresó así sobre esas detenciones por una presunta agresión al ministro de Defensa, José Bono, en una manifestación de las víctimas del terrorismo.
Rajoy destacó que "ahora lo que hace el juez es imputar al comisario de Policía y atribuirle responsabilidades a la Policía Nacional". Consideró que "la responsabilidad debería atribuirse al delegado del Gobierno en Madrid", Constantino Méndez, que "no debería estar ahí" o "a las personas que están al frente de las responsabilidades, a los cargos políticos, y no a los responsables policiales a los que se les ordenó que hicieran las detenciones, y algunos hubo y represalias sufrieron los que se negaron a hacerlas".
Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, exigió este sábado al ministro del Interior, José Antonio Alonso, que pida disculpas a sus dos militantes detenidos por agresión, y le instó a dimitir si fue él quien dio esta orden, que enmarcó en "toda una operación político-policial de acoso y derribo" contra el PP. Acebes consideró "probado" que Alonso y el Gobierno "mintieron" en sus explicaciones públicas y en el Parlamento, tras conocerse el auto judicial en el que se dice que "no hay dato alguno" para poder atribuir "delito" a los detenidos por supuesta agresión al ministro de Defensa, José Bono, en la manifestación de la Asociación del Víctimas del Terrorismo del 22 de enero.
En una rueda de prensa en la sede del PP en Génova, el ex ministro calificó como "uno de los hechos más graves que se han producido en Democracia" la "persecución del Gobierno al partido de la oposición", y una "manipulación de pruebas" y "mentiras", más propias de "regímenes dictatoriales y antidemocráticos en los que se persigue en función de la ideología".
En una rueda de prensa en la sede del PP en Génova, el ex ministro calificó como "uno de los hechos más graves que se han producido en Democracia" la "persecución del Gobierno al partido de la oposición", y una "manipulación de pruebas" y "mentiras", más propias de "regímenes dictatoriales y antidemocráticos en los que se persigue en función de la ideología".