LD (EFE) Según explicó tras el Consejo la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno remitirá el anteproyecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía del Estado para que lo informe, un paso con el que continúa la tramitación de la normativa, elaborada a propuesta de los ministerios de Medio Ambiente, Justicia e Interior.
Con la prohibición de cambio de uso del suelo, subrayó de la Vega, "se acabaron las recalificaciones y especulaciones con los montes". La vicepresidenta, que aseguró que todos los bosques y montes serán protegidos independientemente de su titularidad, adelantó también que se crean secciones especiales en la Administración de Justicia, y que habrá un Fiscal de Medio Ambiente, con la categoría de Fiscal de Sala, que será nombrado tras escuchar al Consejo Fiscal.
Sus funciones, según la referencia del Consejo de Ministros, serán intervenir en los procesos penales de delitos medioambientales, ejercer la acción pública en las infracciones del orden ambiental y exigir las responsabilidades que procedan. También será el encargado de coordinar las Fiscalías de Medio Ambiente y sus actuaciones y de elaborar un informe que se incorporará a la Memoria del Fiscal General del Estado. Para todo ello contará con las unidades que precise del Servicio Especial de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), así como del resto de las fuerzas de seguridad que tengan competencia en temas ambientales.
La actual Ley de Montes, aprobada en 2003, tenía como objetivo actualizar el régimen jurídico regulador de los espacios forestales de acuerdo con la nueva concepción del medio ambiente consagrada por la Constitución. El Gobierno ha decidido la modificación de esta norma "a la vista de las deficiencias detectadas", especialmente en lo que se refiere a la lucha contra los incendios forestales y a la protección que deparan los sistemas administrativos de registro y catálogo de los distintos tipos de montes.
En cuanto al suelo forestal tras un incendio, se prohíbe el cambio de uso durante al menos treinta años, así como la realización de toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el tiempo que determine la legislación autonómica. En su referencia, el Consejo subraya que con esta prohibición desaparece la posibilidad de que los suelos incendiados se transformen en otros de carácter agrícola, industrial o urbanizable, ya que en muchas ocasiones se ha tratado de justificar su cambio de uso en que al carecer de vegetación como consecuencia de un incendio han perdido su valor.
Con la prohibición de cambio de uso del suelo, subrayó de la Vega, "se acabaron las recalificaciones y especulaciones con los montes". La vicepresidenta, que aseguró que todos los bosques y montes serán protegidos independientemente de su titularidad, adelantó también que se crean secciones especiales en la Administración de Justicia, y que habrá un Fiscal de Medio Ambiente, con la categoría de Fiscal de Sala, que será nombrado tras escuchar al Consejo Fiscal.
Sus funciones, según la referencia del Consejo de Ministros, serán intervenir en los procesos penales de delitos medioambientales, ejercer la acción pública en las infracciones del orden ambiental y exigir las responsabilidades que procedan. También será el encargado de coordinar las Fiscalías de Medio Ambiente y sus actuaciones y de elaborar un informe que se incorporará a la Memoria del Fiscal General del Estado. Para todo ello contará con las unidades que precise del Servicio Especial de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), así como del resto de las fuerzas de seguridad que tengan competencia en temas ambientales.
La actual Ley de Montes, aprobada en 2003, tenía como objetivo actualizar el régimen jurídico regulador de los espacios forestales de acuerdo con la nueva concepción del medio ambiente consagrada por la Constitución. El Gobierno ha decidido la modificación de esta norma "a la vista de las deficiencias detectadas", especialmente en lo que se refiere a la lucha contra los incendios forestales y a la protección que deparan los sistemas administrativos de registro y catálogo de los distintos tipos de montes.
En cuanto al suelo forestal tras un incendio, se prohíbe el cambio de uso durante al menos treinta años, así como la realización de toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el tiempo que determine la legislación autonómica. En su referencia, el Consejo subraya que con esta prohibición desaparece la posibilidad de que los suelos incendiados se transformen en otros de carácter agrícola, industrial o urbanizable, ya que en muchas ocasiones se ha tratado de justificar su cambio de uso en que al carecer de vegetación como consecuencia de un incendio han perdido su valor.