L D (Europa Press) El texto, pactado entre el PP y CiU, señala que las autoridades y funcionarios "de todo tipo" que intervienen en cualquier fase del expediente matrimonial puedan "abstenerse de actuar" aduciendo razones de conciencia. No obstante, en el caso de que se de esta posibilidad, según el texto de la enmienda, la Administración o ayuntamiento competente deberán sustituir a estas personas por otras "para garantizar, en todo caso" que las parejas del mismo sexo puedan ejercer su derecho a contraer matrimonio.
El senador socialista Arcadio Díaz Tejera calificó esta enmienda de "aberración jurídica" porque "abre una espita" para que los funcionarios puedan abstenerse de realizar cualquier actuación "por razones religiosas, sexuales o ideológicas". "Los funcionarios trabajan para un servicio público. Nadie está obligado a hacerlo", recalcó. Díaz Tejera explicó que la propuesta de PP y CiU supone una modificación del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proceso Administrativo Común. Esta norma, establece la posibilidad de sustituir a un funcionario por otro, para garantizar la imparcialidad en los procesos administrativos.
En cualquier caso, recordó que la objeción de conciencia ya fue rechazada durante el trámite del proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados, por lo que, previsiblemente, esta disposición será retirada cuando el texto regrese a la Cámara Baja para su ratificación. El senador socialista ironizó con esta cuestión, advirtiendo de que, por la misma razón, un juez podría abstenerse de certificar la validez de un matrimonio canónico o un desahucio, por el hecho de ser ateo o de izquierdas. Por otro lado, Díaz Tejera restó importancia al anuncio realizado por la senadora del PSC Mercedes Aroz, confiando en que el texto será finalmente aprobado por el Parlamento y las bodas entre parejas homosexuales "dejarán de ser noticia", tal y como ocurre actualmente con el divorcio o los matrimonios civiles.
Para la portavoz del PP, Rosa Vindel, y para el senador de Unió, Jordi Casas y Bedós, el proyecto se ha presentado sin el necesario debate social y en contra de los informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial que apostaron por no "desnaturalizar" el matrimonio. Ambos rechazaron de plano la adopción por parte de parejas homosexuales al subrayar que debe primar el interés del menor al derecho de quienes quieren adoptar. Vindel, tras reclamar una figura jurídica que regule las "uniones civiles", aseguró que el PP comparte "plenamente" los objetivos de la ley, pero no el camino escogido por el Gobierno, que calificó de "unilateral, precipitado y francamente controvertido".