(Libertad Digital) El ministro Jordi Sevilla, que el lunes presentó un plan de rejuvenecimiento de la Administración Pública, ha vuelto a eludir este martes hablar de los costes de esta propuesta, alegando que dependerá de las condiciones de jubilación que se pacten con los sindicatos y del número de funcionarios que se acojan al plan.
No obstante, y según informa la agencia Efe, Sevilla ha hecho hincapié en que este programa no será financiado por la Seguridad Social, ya que los funcionarios afectados forman parte del régimen de clases pasivas, cuyas prestaciones se financian con los presupuestos del Estado y no con las cotizaciones sociales.
Preguntado sobre si el Ministerio de Economía está informado de este plan de rejuvenecimiento, Sevilla ha respondido que ha sido "largamente hablado" con el vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y precisó que la última vez que lo discutió fue en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Esa comunicación, sin embargo, no ha existido con el Ministerio de Trabajo, que "creo que no ha sido informado", ha afirmado.
Frenar los abusos del sector privado y prejubilar en el público
En cuanto a si esta propuesta puede ser contradictoria con el mensaje del Gobierno de acercar la edad real de jubilación (los 62 años) a la legal (los 65), el ministro ha dicho que no es incompatible, ya que es coherente que se pretenda frenar los abusos en el sector privado, mientras que, de manera "selectiva y acotada", se aplica un proceso de rejuvenecimiento en la Administración.
Sevilla ha afirmado que el acuerdo se llevará a cabo mediante una ley básica que permitirá al resto de administraciones sumarse a esta iniciativa. Sin embargo, el ministro de Administraciones Públicas ha asegurado que los funcionarios que decidan acogerse al plan de rejuvenecimiento de la Administración General del Estado (AGE) no podrán hacerlo hasta el 2007, ya que ve "muy complicado" que en los Presupuestos Generales del Estado para 2006 se incluya una partida que permita costear la salida de los 25.000 funcionarios de la AGE mayores de 58 años que podrían acogerse a este plan a través de la jubilación anticipada o una baja incentivada.