L D (EFE) El borrador del Real Decreto se presentará este miércoles a los directores generales de Vivienda de las comunidades autónomas (CC AA) para su debate, la semana próxima, en una conferencia sectorial de Vivienda, explicó Trujillo al término de la comisión.
De esa conferencia saldrá el texto que se someterá a aprobación del Consejo de Ministros, aunque la titular de Vivienda no especificó si ello ocurrirá antes o después del paréntesis veraniego. En su comparecencia ante la Comisión, la ministra reconoció que varias CC AA le han transmitido la complejidad "operativa" que entraña la puesta en marcha del registro de demandantes -al que el PP se opone, por considerar que existen otros medios más efectivos para evitar ventas fraudulentas de VPO, como reforzar las inspecciones-, por lo que su implantación, dijo, "llevará tiempo".
Por ello, mientras tanto, Vivienda prevé que existan mecanismos de control paralelos, como un documento acreditativo de la condición de oferente o demandante de VPO, cuya presentación será necesaria para poder comprar o vender una vivienda de este tipo. Trujillo insistió en que la calificación de VPO se mantendrá a toda la vida útil de los inmuebles, tal y como establece el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones y el propio borrador, y recordó que las viviendas podrán venderse transcurridos diez años (el plazo actual es de unos quince, aunque varía de unas CC AA a otras) y "en mejores condiciones de precio".
La pretensión de prolongar de forma indefinida la calificación de los inmuebles ha sido rechazada por las autonomías gobernadas por el PP, por considerar que supone una intromisión en sus competencias y que no servirá para evitar el fraude. En este sentido, el portavoz popular en la Comisión, Pablo Matos, acusó a Trujillo de "chantaje" al supeditar las ayudas del Plan a que las CC AA pongan en marcha el registro de demandantes y oferentes y prolonguen la calificación de VPO, y reiteró que su grupo podría acudir al Tribunal Constitucional por esta cuestión.
Trujillo, por su parte, dijo que el plan "dará margen y flexibilidad a las CC AA para no invadir sus competencias". Respecto a la Sociedad Pública de Alquiler, la ministra anunció que se ha iniciado la captación de pisos de titularidad estatal "con el fin de establecer una red en todo el territorio nacional". Esta bolsa de viviendas se sumará, presumiblemente, al parque que gestionará la futura agencia, que prevé empezar a operar el próximo otoño y poner 25.000 viviendas en el mercado en el próximo cuatrienio, 1.000 de ellas, durante el primer año. La ministra recibió las críticas del PP ante la supresión, entre los puntos previstos de su comparecencia, de uno dedicado a explicar la relación entre el tamaño de su despacho y los polémicos 'minipisos' de treinta metros cuadrados.