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Dos diputados del PP catalán se abstienen en la votación para devolver la ley que divide el Archivo de Salamanca

Dos diputados del PP por Barcelona, Jorge Moragas y Alicia Sánchez Camacho, se abstuvieron este jueves en la votación del Congreso de la enmienda de totalidad del Grupo Popular contra la devolución de los documentos del Archivo de Salamanca reclamados por Cataluña. Poco después hicieron público un comunicado apoyando la postura del grupo y asegurando que su voto había sido una "equivocación". Finalmente, la enmienda presentada por el PP fue rechazada por 135 votos a favor, 187 en contra y estas dos abstenciones populares.

Dos diputados del PP por Barcelona, Jorge Moragas y Alicia Sánchez Camacho, se abstuvieron este jueves en la votación del Congreso de la enmienda de totalidad del Grupo Popular contra la devolución de los documentos del Archivo de Salamanca reclamados por Cataluña. Poco después hicieron público un comunicado apoyando la postura del grupo y asegurando que su voto había sido una "equivocación". Finalmente, la enmienda presentada por el PP fue rechazada por 135 votos a favor, 187 en contra y estas dos abstenciones populares.
 
L D (Agencias) Moragas, que es secretario de Relaciones Internacionales del PP, y Sánchez Camacho, que es portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Interior, aseguran en la nota que "resulta evidente" que su abstención de hoy es una "equivocación", pues recuerdan que siguieron el criterio del grupo parlamentario cuando el PP presentó una proposición no de ley paralizando el proyecto de ley que regula la devolución de los 'papeles' de Salamanca y aseguran que votarán conjuntamente con el PP cuando el texto legislativo vuelva al Pleno del Congreso. La circunscripción de estos dos diputados y el hecho de que el PP catalán haya respaldado siempre la devolución de los 'papeles' de Cataluña desató las especulaciones sobre su abstención, pero en su nota los dos parlamentarios piden poner fin a "interpretaciones erróneas".
 
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, acusó al PP de "haberse envuelto en una bandera demagógica y equivocada" y señalo que "en un paso incomprensible de exageraciones, compara el conjunto de unos documentos, que casualmente están en Salamanca juntos porque fue la capital del alzamiento contra la España democrática, con la unidad del país", y estimó que "esas exageraciones se pagan".

Durante el debate el parlamentario popular Gonzalo Robles defendió la devolución del proyecto de ley porque el Gobierno "ha vulnerado" entre otras cosas la custodia de documentos, la defensa del interés general o los criterios de la UNESCO sobre los archivos de la represión.

Calvo recordó que el contencioso se remonta a los primeros años de la transición democrática y que la sustracción de documentos desde el inicio de la Guerra "a sus legítimos propietarios" da "un sustento moral y de justicia a las innumerables peticiones de restitución producidas".

También recordó que un comité de expertos fueron los que consideraron "justas y legítimas" la petición de devolución del Archivo y aconsejaron la apertura de un procedimiento para dar cauce a las reclamaciones de reconocimiento de titularidad y posterior restitución de documentos.

Para la ministra, "no puede hablarse de ruptura de la integridad del Archivo si una parte de sus fondos se remiten a otra institución con las consiguientes obligaciones de conservación, consulta y acceso excepcional a los originales", además de mantener copias en el de Salamanca. También negó que el procedimiento sea defectuoso por faltar dictámenes de la Junta Superior de Archivos.
 
La falta de esos dictámenes fue uno de los motivos que esgrimió Robles para rechazar la iniciativa del Gobierno, que declaró que fueron los socios de los socialistas quienes “han presionado” para que se devolviesen los documentos a Cataluña. El parlamentario popular acusó de "despreciar y engañar" a los "miles de ciudadanos" que están a favor de la unidad del Archivo, como se demostró en la reciente manifestación de Salamanca.

Robles insistió en que el Gobierno, además de escuchar a Cataluña, también lo tiene que hacer con Castilla y León, pidió la retirada del proyecto e iniciar un proceso de "diálogo y de toma de decisiones entre todos de este patrimonio común de todos los españoles".

El resto de portavoces parlamentarios se mostraron a favor del proyecto de ley y los partidos PNV, EA, CHA y BNG quieren extender la devolución de los documentos a otras comunidades autónomas, instituciones y particulares.

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