L D (Agencias) El carné estará en vigor en una fecha aún por determinar, pues ahora "el reto está en su implementación", como admitió el ministro del Interior, José Antonio Alonso, ante los diputados, tras agradecerles sus aportaciones para mejorar la ley, informó Europa Press.
Los diputados destacaron el consenso que, en ambas cámaras, ha acompañado la tramitación de la ley, pese al rechazo reiterado del PNV, cuyo representante, Emilio Olabarría, volvió a insistir hoy en que vulnera competencias autonómicas y anunció el único voto en contra del texto.
El nuevo carné tendrá 12 créditos (8 para los conductores novatos), de los que se perderán la mitad por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, de forma temeraria o a velocidad que supere en un 50 por ciento el máximo permitido.
Los diputados destacaron el consenso que, en ambas cámaras, ha acompañado la tramitación de la ley, pese al rechazo reiterado del PNV, cuyo representante, Emilio Olabarría, volvió a insistir hoy en que vulnera competencias autonómicas y anunció el único voto en contra del texto.
El nuevo carné tendrá 12 créditos (8 para los conductores novatos), de los que se perderán la mitad por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, de forma temeraria o a velocidad que supere en un 50 por ciento el máximo permitido.
Los transportistas, en contra
Los transportistas no están de acuerdo con esta ley y argumentan que este permiso de conducir por puntos supone "una discriminación para los conductores profesionales" y "la aplicación de dicha norma causaría perjuicios o imposible reparación, ya que la retirada definitiva del permiso de conducir privaría a los conductores profesionales del legítimo derecho al ejercicio de su profesión".
La federación advierte en un comunicado que esta ley "podría implicar conceder a la Administración un poder sancionador superior al otorgado a los jueces y magistrados en el Código Penal" y, además, no sería posible reparar el perjuicio ocasionado al conductor privado de su permiso de conducir en caso de que se fallará en contra de la Administración.
Finalmente, Fenadismer apunta que en la actualidad no existe un registro único de infractores, "lo que podría suponer una discriminación para los conductores en función de su lugar de residencia".