L D (EFE) En un curso de la Universidad Complutense, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), sobre retos de la industria en la globalización, Juan Ignacio Bartolomé, de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid); Alvaro Mazarrasa, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), y Rafael Fernández, de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), mostraron su descontento con los derechos de emisión concedidos a sus sectores en el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PAN).
En este sentido, Fernández destacó que al sector cementero le corresponderían más derechos si se tiene en cuenta los planes presentados por otros países, menos exigentes en esta materia. "Con el plan 2008-2012, España registrará unas emisiones per cápita que se situarán por debajo de la media europea", explicó. Fernández señaló que para comprar derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) se prevén unos precios que se sitúan entre 10 y 30 euros por tonelada de CO2 y "no entre 5 y 7 como ha dicho la Administración". También afirmó que "con la aplicación de Kioto en el periodo 2008-2012 las empresas pueden estar en riesgo", puesto que se verán afectadas por una deslocalización parcial o total y una limitación en el crecimiento.
El director general de la AOP, Alvaro Mazarrasa, destacó que el sector refino produce el 4 por ciento del total de emisiones de España y lamentó que el PAN 2005-2007 no asigna suficientes derechos a las refinerías españolas. "No se ha tenido en cuenta las nuevas emisiones de plantas que producen combustible de bajo azufre", explicó. Mazarrasa afirmó que los límites de emisiones de Co2 fijados por España y la Unión Europea "pueden poner en peligro la competitividad de la industria española de refino". Agregó que esta política sólo deja dos posibilidades a la industria: importar producción de los países que no se encuentran en la UE y que no están sujetos a "ninguna limitación", o importar de países de la UE con objetivos menos restrictivas que los que ha fijado España, con lo que, señaló, el sector se ve en desventaja comparado con el resto de países.
Por su parte, el director general de la patronal siderúrgica Unesid, Juan Ignacio Bartolomé, argumentó que la industria siderúrgica ha reducido un 23 por ciento sus emisiones respecto al año base del Protocolo de Kioto de 1990, "a pesar de que la producción en toneladas ha aumentado por encima del 37 por ciento con un mayor grado de elaboración". "Comparado con otros países, las emisiones de CO2 por toneladas del sector son los menores de Europa", explicó, y afirmó que "no tendría sentido limitar el crecimiento de las empresas con restricciones excesivas a las emisiones de la siderurgia española".
En este sentido, Fernández destacó que al sector cementero le corresponderían más derechos si se tiene en cuenta los planes presentados por otros países, menos exigentes en esta materia. "Con el plan 2008-2012, España registrará unas emisiones per cápita que se situarán por debajo de la media europea", explicó. Fernández señaló que para comprar derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) se prevén unos precios que se sitúan entre 10 y 30 euros por tonelada de CO2 y "no entre 5 y 7 como ha dicho la Administración". También afirmó que "con la aplicación de Kioto en el periodo 2008-2012 las empresas pueden estar en riesgo", puesto que se verán afectadas por una deslocalización parcial o total y una limitación en el crecimiento.
El director general de la AOP, Alvaro Mazarrasa, destacó que el sector refino produce el 4 por ciento del total de emisiones de España y lamentó que el PAN 2005-2007 no asigna suficientes derechos a las refinerías españolas. "No se ha tenido en cuenta las nuevas emisiones de plantas que producen combustible de bajo azufre", explicó. Mazarrasa afirmó que los límites de emisiones de Co2 fijados por España y la Unión Europea "pueden poner en peligro la competitividad de la industria española de refino". Agregó que esta política sólo deja dos posibilidades a la industria: importar producción de los países que no se encuentran en la UE y que no están sujetos a "ninguna limitación", o importar de países de la UE con objetivos menos restrictivas que los que ha fijado España, con lo que, señaló, el sector se ve en desventaja comparado con el resto de países.
Por su parte, el director general de la patronal siderúrgica Unesid, Juan Ignacio Bartolomé, argumentó que la industria siderúrgica ha reducido un 23 por ciento sus emisiones respecto al año base del Protocolo de Kioto de 1990, "a pesar de que la producción en toneladas ha aumentado por encima del 37 por ciento con un mayor grado de elaboración". "Comparado con otros países, las emisiones de CO2 por toneladas del sector son los menores de Europa", explicó, y afirmó que "no tendría sentido limitar el crecimiento de las empresas con restricciones excesivas a las emisiones de la siderurgia española".
Según Bartolomé, con el comercio de emisiones se persigue incentivar la reducción de CO2 por unidad de producto, pero, destacó, en el sector siderúrgico eso imposible "porque tenemos los mejores índices". Destacó que limitar la producción significa sustituir el producto nacional por el extranjero y concluyó que tal y cómo está planteado la directiva europea, "no se reduce las emisiones".