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El Gobierno cierra la puerta a la financiación catalana al negar la cesión del Impuesto de Sociedades

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, ha cerrado este lunes la puerta a que las autonomías puedan gestionar el Impuesto sobre Sociedades, en contra de lo que proponen la reforma de algunos Estatutos, como el catalán, al asegurar que le parece un impuesto "imposible de transferir". Fernández Ordóñez defiende que las comunidades gestionen sus propios tributos –hidrocarburos, al que se daría más tramo; los que gravan la electricidad o el IVA minorista, a los que aplicarían su propia capacidad normativa.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, ha cerrado este lunes la puerta a que las autonomías puedan gestionar el Impuesto sobre Sociedades, en contra de lo que proponen la reforma de algunos Estatutos, como el catalán, al asegurar que le parece un impuesto "imposible de transferir". Fernández Ordóñez defiende que las comunidades gestionen sus propios tributos –hidrocarburos, al que se daría más tramo; los que gravan la electricidad o el IVA minorista, a los que aplicarían su propia capacidad normativa.
L D (EFE) Durante una conferencia pronunciada en Barcelona, Fernández Ordóñez dijo que "el de Sociedades me parece un impuesto imposible de transferir a las comunidades. Otra cosa sería transferir los recursos que se recaudan, pero este es el problema que tenemos ahora: comunidades autónomas que tienen altos niveles de gasto y que reciben impuestos sobre los que no tienen capacidad de decisión".

Para Miguel Ángel Fernández Ordóñez, esta situación es "económicamente nefasta", por lo que abogó por defender el programa del PSOE, que señala la necesidad de "crear espacios fiscales propios", con lo que las autonomías y el Estado quedarían separados, cada una con sus propios impuestos.

Fernández Ordóñez defiende que las comunidades autónomas gestionen sus propios tributos -mencionó el de hidrocarburos, al que se daría más tramo; los que gravan la electricidad o el IVA minorista-, a los que aplicarían su propia capacidad normativa, mientras que el Estado se reservaría otras competencias fiscales, como el Impuesto sobre Sociedades. "Además, sería hacerle un regalo excesivo a Madrid, porque el cuarenta por ciento de las empresas españolas tienen la sede en esta comunidad, pese a que actúan en todo el territorio", argumentó el secretario de Estado.

El Impuesto sobre Sociedades recauda anualmente unos 22.000 millones de euros y, según Fernández Ordóñez, "vive un buen momento, pero puede caer en picado, lo que sería fatal para las comunidades autónomas, que tienen una estructura de gasto muy estable". El secretario de Estado también se mostró contrario a dividir la Agencia Tributaria o ceder parte de sus recursos humanos y técnicos a otras autonomías, ya que es "de la más modernas de Europa y, en contra de lo que piden algunos, hay que evitar experimentos y lo que debemos hacer es cuidarla y potenciarla". Añadió que, en su opinión, la solución no es crear agencias Tributarias autonómicas, sino impulsar una Agencia Tributaria Europea, "para luchar mejor contra el fraude, tal y como ya se está viendo en los ámbitos fiscales de la UE".

Tras la conferencia y en declaraciones a la prensa, matizó que la creación de agencias tributarias autonómicas es "una muy buena idea, siempre que colaboren con la Agencia estatal y que no suponga dividir ésta en diecisiete partes". Respecto a otros impuestos que podrían gestionar las autonomías para mejorar su financiación, dijo que "estamos en conversaciones con Europa para que acepten la creación de un IVA minorista que puedan gestionar las comunidades". En este sentido, precisó que este proceso "puede tardar cerca de cinco años, ya que en este momento, la UE se niega a que el IVA de cada Estado miembro pueda dividirse".

Sobre la reforma fiscal que estudia el Gobierno, descartó que se vayan a modificar las ayudas fiscales a la compra de vivienda, porque "a la larga son una solución para los problemas de envejecimiento de la población". Y añadió que los pisos en propiedad evitan que las personas mayores sean desahuciadas, "algo que sí pasa en el algunos países con un mayor mercado de alquiler".

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