L D (Europa Press) Según el escrito presentado ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC-M, al que ha tenido acceso Europa Press, el colectivo de funcionarios Manos Limpias ampara su denuncia en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Este artículo dice que "la responsabilidad penal del presidente de la Junta y de los consejeros será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de la región por los actos delictivos cometidos en el territorio regional".
En el relato de los hechos, el colectivo explica que a las 14.44 horas del sábado día 16 de agosto, la Guardia Civil dio aviso en el servicio de emergencias 112 alertando de que se había producido un incendio en un merendero situado junto a la Cueva de los Casares y, a pesar de la magnitud del incendio y las características naturales de la zona, las autoridades de la región "se limitaron a enviar dos retenes de personal contratado".
Según explica, los integrantes de estos retenes se dirigieron a la zona "sin la indumentaria adecuada, sin medios técnicos, sin experiencia ni personal conocedor del terreno que dirigiera las operaciones de extinción", y a pesar de que el sábado "era evidente que el fuego tenía magnitud suficiente para extenderse más allá de los límites de la provincia, los denunciados rechazaron la colaboración brindada por la Junta de Castilla y León, la Generalidad Valenciana y la Comunidad de Madrid".
"Las disparatadas medidas condujeron a la muerte a los once trabajadores".
"Las disparatadas medidas adoptadas para contrarrestar los efectos del incendio condujeron directamente a que once trabajadores fueran enviados a la muerte por la irresponsabilidad de los denunciados, que tenían el deber de ordenar la movilización de los medios humanos y materiales necesarios para enfrentarse a un incendio de la envergadura del descrito, pasando del nivel 1 al nivel 2, según el Plan Regional de Lucha contra el fuego aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha en el año 2000 y actualizado anualmente".
En su escrito de denuncia, Manos limpias piden que se llame a declarar, como imputados, al presidente de Castilla La–Mancha, José María Barreda, la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, y el delegado de la Junta en Guadalajara Fernando Marchán, y como testigos a los alcaldes de Ciruelos del Pinar, Tobillos y Mazarete; y los presidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la Comunidad Valenciana, Eduardo Camps, para que declaren sobre las conversaciones personales mantenidas con Barreda el sábado.