L D (EFE) Así lo acuerda la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto en el que desestima el recurso de apelación interpuesto por Echevarria contra la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valencia de denegar al etarra las redenciones extraordinarias que solicitaba por estudios cursados en la UPV entre 1999 y 2003.
La Sala argumenta en su resolución, en contra de lo expuesto por el interno en su recurso, que el juez de vigilancia penitenciaria, "basándose en los informes de la Administración penitenciaria", estimó que ésta estudió "los méritos alegados por el interno para obtener redenciones extraordinarias".
Sin embargo, prosigue el auto, la Administración consideró que este preso no era merecedor de redención por tales conceptos (los estudios), "tanto porque no supone esfuerzo alguno la mera matriculación cuanto por las irregularidades que detecta en cuanto a las asignaturas aprobadas". Estos criterios de la Administración, añade la resolución, fueron confirmados por el juez y "ahora asumidos por la Sala".
Por ello, el tribunal ha decidido que, "apareciendo en los informes de la Administración hechos que pudieran revestir los caracteres de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público (certificaciones de la UPV)", se deduzca testimonio del expediente académico y se remita a la Fiscalía "a los efectos oportunos".
La Sala argumenta en su resolución, en contra de lo expuesto por el interno en su recurso, que el juez de vigilancia penitenciaria, "basándose en los informes de la Administración penitenciaria", estimó que ésta estudió "los méritos alegados por el interno para obtener redenciones extraordinarias".
Sin embargo, prosigue el auto, la Administración consideró que este preso no era merecedor de redención por tales conceptos (los estudios), "tanto porque no supone esfuerzo alguno la mera matriculación cuanto por las irregularidades que detecta en cuanto a las asignaturas aprobadas". Estos criterios de la Administración, añade la resolución, fueron confirmados por el juez y "ahora asumidos por la Sala".
Por ello, el tribunal ha decidido que, "apareciendo en los informes de la Administración hechos que pudieran revestir los caracteres de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público (certificaciones de la UPV)", se deduzca testimonio del expediente académico y se remita a la Fiscalía "a los efectos oportunos".