LD (EFE) El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, ha emitido un decreto, de diez artículos, en el que se declara el estado de emergencia y se declara "zona de seguridad" las provincias de Orellana y Sucumbios. Las autoridades aprueban la "censura previa a los medios de comunicación social que funcionan en la zona de seguridad" y se dispone el "empleo de la Fuerza Pública (...) con la finalidad de precautelar la seguridad de las instalaciones y pozos petroleros, así como de los aeropuertos vías y puentes".
En el decreto presidencial se suspende los derechos de opinión, expresión, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, el libre transito y las libertades de asociación y reunión con fines políticos. Además, dispone la provisión de personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, de medios materiales y de fondos para superar la emergencia y se advierte de que los infractores serán castigados de acuerdo con la Constitución y la Ley.
En el decreto Palacio acusa a "grupos interesados en causar el caos" de crear una "situación conflictiva, provocada con claras consignas vandálicas" desde el pasado domingo, cuando se inició la huelga para reclamar la construcción de infraestructuras, prometidas por el Gobierno y no realizadas.
Palacio señala que, en estos días, se han producido en Orellana y Sucumbíos "tomas de pozos y otras instalaciones petroleras, actos vandálicos, detonaciones con explosivos, atentados dañosos contra las instalaciones petroleras, disminución grave de la producción petrolera", entre otras acciones. El Gobierno, dice, ha realizado "serios esfuerzos" para solucionar el conflicto por medio del diálogo, sin éxito, debido a que "no han tenido eco" en los dirigentes y autoridades de la zona, a los que acusa de haber "exacerbado las manifestaciones hasta degenerar en actos delictivos".
El establecimiento del estado de emergencia había sido anunciado horas antes por el ministro de Gobierno, Mauricio, Gándara, después de tres días de paro, en los que las autoridades regionales y locales y los huelguistas han reclamado la construcción de infraestructuras en la zona, una de las que tienen más deficiencias en ese campo en el país. Como responsable del Gobierno, Gándara era esperado este miércoles en Nueva Loja, capital de la provincia de Sucumbíos, para negociar con las autoridades regionales y representantes de los huelguistas sus reclamaciones, con el fin de acabar con el paro.