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La Fiscalía estudia las redenciones a 47 presos etarras por si hubiera irregularidades

La Fiscalía General del Estado, tal y como ha confirmado el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha abierto una investigación para esclarecer las posibles irregularidades habidas en los estudios de los presos de la banda terrorista ETA en la Universidad del País Vasco durante los últimos quince o veinte años, mediante los que muchos han obtenido beneficios penitenciarios y han reducido el cumplimiento de sus condenas.

La Fiscalía General del Estado, tal y como ha confirmado el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha abierto una investigación para esclarecer las posibles irregularidades habidas en los estudios de los presos de la banda terrorista ETA en la Universidad del País Vasco durante los últimos quince o veinte años, mediante los que muchos han obtenido beneficios penitenciarios y han reducido el cumplimiento de sus condenas.
L D (Europa Press) Para ello, la Fiscalía General, que dispone de abundante documentación, ha nombrado a dos fiscales que están analizando los expedientes de numerosos etarras presos en los que se sospecha que ha podido haber irregularidades.  Estas podrían ir desde su matriculación sin cumplir los requisitos necesarios hasta la alteración de las actas de las notas pasando por otras cuestiones, como la realización de exámenes mientras estaban huidos, la utilización de documentación con identidad falsa para matricularse o realizar la carrera, que sea un mismo profesor quien firma todas las actas o que la relación de convocatorias no sea consecutiva.
 
También se está tratando de aclarar el papel que ha podido jugar la UNED de Bergara en toda la organización y el control que ha podido ejercer o dejar de ejercer sobre los estudios de los alumnos presos. El convenio entre la Universidad del País Vasco y el centro adscrito de la UNED de Bergara se produjo en 1993 con el objetivo de facilitar el estudio de los alumnos presos.
El cometido de este centro adscrito a la UNED es de intermediario, poniendo en contacto a los presos con las Facultades y los profesores de la UPV. Hasta ese momento, numerosos etarras en prisión ya estaban cursado estudios universitarios en la UPV, pero la Fiscalía trata de precisar si la distribución de asignaturas hasta entonces se hacía recurriendo a profesores afines y no a los profesores que tocan en cada curso como está establecido legalmente, también se investiga cómo se hacía la recogida y entrega de los exámenes y si esto lo realizaban profesores pro abertzales.
 
A partir de la firma del convenio con la UNED, los profesores tenían que depositar los exámenes en la Secretaría de su Facultad y ésta los tramitaba a la UNED de Bergara, que a su vez los repartía por las distintas cárceles. Cuando se habían realizado los exámenes, pasaban de nuevo por este centro adscrito y de ahí a los profesores correspondientes. La investigación en este caso, es decir, a partir del convenio, es si se establecieron las mínimas garantías de control en el procedimiento.
 
Un listado de 47 presos
 
De momento, la Fiscalía dispone de un listado de 47 presos de ETA, algunos de los cuales habrían redimido condena mediante la realización de estudios en la universidad del País Vasco. Entre estos, figuran nombres como los de Agustín Alamaraz Larrañaga, José Luis Alvarez Santacristina "Txelis", Ignacio Aracama Mendía "Macario", José María Arregui Erostarbe "Fiti", Oscar Cadenas Lorente, Iñaki Cañas Cartón, Lourdes Churruca Medinabeitia, Inés del Río Prada, Ignacio Erro Zazu, Juan Víctor Galarza Mendiola, Fernando García Jodrá, Miguel Angel Gil Cervera, Idoia López Riaño, Aitor Lorente Bilbao, Franciso Múgica Garmendia "Pakito", Inmaculada Noble Goicoetxea, José María Novoa Arróniz, Juan Igor Solana Matarranz, Juan María Tapia Irujo o Zorio Zamácola Ibaibarriaga.
 
De este listado, disponen de parte de los expedientes de ocho alumnos presos cuyo análisis están llevando ya a cabo. Entre ellos, se encuentran los de Ignacio de Juana Chaos; Elena Beloqui Resa; Ignacio Erro Zazu, que fue integrante del grupo "Donosti", detenido en 1987, está condenado a varios cientos de años de prisión por numerosos asesinatos y Zorion Zamacola Ibaiabarriaga, detenido en Francia en 2001 fecha en la que se le sitúa como número 3 del aparato militar de ETA.
 
También se están estudiando los expedientes de: la que fue integrante del grupo Madrid Inés del Río Prado --entre otras condenas tiene una de 2.500 años por el asesinado de 12 guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana--; el integrante del grupo "Goyerri-Costa", Antonio López Ruiz "Kubati", detenido en 1987 y con una condena de más de 1.000 años de prisión por numerosos asesinatos, entre otros, el de Dolores González Cataraín "Yoyes"; el ideólogo José Luis Alvarez Santacristina "Txelis" y Angel María Lete Echániz "Patas". Este último, que fue miembro del grupo "Vizcaya" falleció diciembre de 2002 a los 52 años de edad en Cabo Verde, donde se encontraba deportado desde 1985. Sin embargo, a pesar de esta situación, cursó dos carreras universitarias, Filosofía y Ciencias Políticas.
 
Estudios mientras estaban deportados
 
Una de las cuestiones que se investiga en este caso es cómo pudo hacerlo, cómo le hicieron llegar los materiales, la información y cómo se examinaba si cuando cursó sus estudios no había ningún convenio con este país y, al realizar la primera carrera, hace 18 años, tampoco existía internet. Casos parecidos son los de Eugenio Etxebeste "Antxón" y Belén González Peñalva, quienes también figuran entre las incógnitas de cómo pudieron cursar estudios estando deportados, en este caso, en República Dominicana. La primera se encontraba matriculada en Ciencia Política y el segundo en Biología.
 
Según la documentación de que dispone la Fiscalía, a estos etarras les llegaban los exámenes a través de una profesora de la Facultad de Ciencias, del Departamento de Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa. Esta profesora, a pesar de ser de la Facultad de Ciencias, llevaba los exámenes de los dos deportados, también los de la alumna de Ciencia Política, que, previamente había pedido a los profesores y los devolvía al cabo de unos meses.
 
Como ejemplo de alteraciones en las actas, la documentación de que dispone la Fiscalía General recoge, entre otros, el caso de Elena Beloqui. En la asignatura de "Introducción a la Comunicación de Masas" la alumna fue suspendida cuatro veces, y el siguiente examen lo tendría que calificar el Tribunal de quinta convocatoria. Sin embargo, en el acta siguiente aparece como de tercera convocatoria y firmada por otro profesor distinto del que tenía, quien también daba la misma asignatura, pero no en un grupo de euskera sino en castellano, cuando la alumna estaba matriculada en euskera. También estudian las posibles irregularidades que pudiera haber en el expediente de Ignacio de Juana Chaos, en el que figura que se matriculó en la Universidad mediante el acceso para mayores de 25 años, pero era menor de esa edad en el momento de la prueba y además no aparece su nombre en el acta de la citada convocatoria.

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