El jefe de seguridad de Microsoft en Reino Unido, estafado por un dialer

(Libertad Digital) Los dialers son aplicaciones que en muchas ocasiones se instalan de forma transparente para el usuario. Desconectan al usuario de la red y llaman a través del modem a un número de tarificación adicional -que en España se identifican con los prefijos 803, 806, 807 o 907-. Normalmente inciden en los usuarios de internet que se conectan mediante llamada de modem, pero los usuarios de ADSL que usan el modem como línea de respaldo también se pueden ver afectados.

Ed Gibson, jefe de seguridad de Microsoft en Reino Unido, en una conferencia celebrada este miércoles en Londres, hizo un apasionado ataque en contra de los dialers: "Si no hacemos un auténtico esfuerzo  para combatir estas amenazas en Internet, la red será un lugar muy diferente en el futuro", aseguró en la conferencia "eConfidence — Spam and Scams". Pese a sus esfuerzos para contactar con ICSTIS, que en Reino Unido regula las actividades de la industria de números de tarificación adicional, le ha sido imposible eludir el pago de la factura de BT, que asciende a 600 euros.

En Reino Unido los ataques de los dialers se están haciendo más frecuentes. En Marzo, BT puso en marcha un servicio que protege a los usuarios de estas amenazas, y el ICSTIS anunció el mes pasado medidas para prevenir a criminales que emplearan este tipo de líneas para incrementar sus ingresos de forma fraudulenta.

Legislación en España

En España, donde el acceso no autorizado a números tarificación especial es uno de los fraudes más denunciados, la legislación fue modificada en enero del año pasado.  Algunos de los cambios introducidos en la legislación son que los dialers no pueden "insistir" una vez que el usuario ha decidido no instalarlo, o que el tipo de letra de los  contratos deberá ser grande y se tiene que eliminar el scroll, que a veces evita que leamos ciertas partes del texto.

Eugenio Ribón, asesor jurídico de CEACCU, ha declarado que el perjuicio económico en las facturas es de unos 3.000 euros de media. Para la recuperación de estas cantidades el usuario afectado se en la obligación de recurrir a la vía judicial.