L D (EFE) Aprobado el desafuero, Pinochet quedará a disposición del juez especial Víctor Montiglio, que esta a cargo de los juicios que involucran al ex dictador, tras la jubilación del juez Juan Guzmán Tapia. La decisión fue comunicada por el presidente en funciones del máximo tribunal, José Benquis, quien señaló que la Corte Suprema autoriza la formación de causa al juez Montiglio por la investigación de la desaparición de 15 víctimas del también llamado "caso de los 119".
La resolución fue aprobada con diez votos a favor y seis en contra de los 16 magistrados que integraron el pleno y que el 7 de septiembre escucharon los alegatos de los abogados de las partes. En el escrito, de una página y media, la Corte también ordena a Montiglio que disponga la realización de exámenes médicos al ex dictador, de 89 años, "antes que cualquier diligencia relativa al inculpado", específicamente "un examen mental a cargo de un especialista en siquiatría".
La salud del militar jubilado constituyó el eje central del alegato que presentó ante la corte su defensor, Pablo Rodríguez, quien afirmó que su condición mental y física le impide asumir o coordinar la defensa con sus abogados y no le permite ser objeto de un proceso judicial. "No esperaba otra resolución, son tantos los antecedentes que existen contra Pinochet en su calidad de jefe de este aparato militar, criminal, llamado DINA (policía secreta de la dictadura), que no había otra posibilidad que despojarlo de su fuero", dijo el abogado Boris Paredes, uno de los querellantes.
La "Operación Colombo", ejecutada en 1975 por la DINA, incluyó la edición, por una vez, de las revistas "Lea", en Argentina y "O Novo Día", en Brasil, en las que se publicaron las listas de las 119 víctimas, que en realidad habían sido detenidas meses antes en Chile por los servicios secretos. En esas publicaciones apócrifas se afirmó que habían muerto en purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que combatió con las armas a la dictadura.
La prensa nacional de la época acogió ampliamente las falsas versiones, bajo titulares como "Miristas se exterminan como ratas", cuando los 119 habían sido detenidos meses o semanas antes en Chile y sus familias habían presentado recursos de amparo que fueron rechazados por los tribunales.
La resolución fue aprobada con diez votos a favor y seis en contra de los 16 magistrados que integraron el pleno y que el 7 de septiembre escucharon los alegatos de los abogados de las partes. En el escrito, de una página y media, la Corte también ordena a Montiglio que disponga la realización de exámenes médicos al ex dictador, de 89 años, "antes que cualquier diligencia relativa al inculpado", específicamente "un examen mental a cargo de un especialista en siquiatría".
La salud del militar jubilado constituyó el eje central del alegato que presentó ante la corte su defensor, Pablo Rodríguez, quien afirmó que su condición mental y física le impide asumir o coordinar la defensa con sus abogados y no le permite ser objeto de un proceso judicial. "No esperaba otra resolución, son tantos los antecedentes que existen contra Pinochet en su calidad de jefe de este aparato militar, criminal, llamado DINA (policía secreta de la dictadura), que no había otra posibilidad que despojarlo de su fuero", dijo el abogado Boris Paredes, uno de los querellantes.
La "Operación Colombo", ejecutada en 1975 por la DINA, incluyó la edición, por una vez, de las revistas "Lea", en Argentina y "O Novo Día", en Brasil, en las que se publicaron las listas de las 119 víctimas, que en realidad habían sido detenidas meses antes en Chile por los servicios secretos. En esas publicaciones apócrifas se afirmó que habían muerto en purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que combatió con las armas a la dictadura.
La prensa nacional de la época acogió ampliamente las falsas versiones, bajo titulares como "Miristas se exterminan como ratas", cuando los 119 habían sido detenidos meses o semanas antes en Chile y sus familias habían presentado recursos de amparo que fueron rechazados por los tribunales.