L D (Europa Press) En un comunicado, JpD añade que la expulsión sin expediente y sin asistencia letrada tan solo se contempla en la Ley de Extranjería (artículo 58) para los inmigrantes que pretenden entrar ilegalmente en España, no para los inmigrantes que ya se encuentran en territorio español, como lo estaban los inmigrantes expulsados en Ceuta y Melilla. "Legitimar la expulsión en un Acuerdo con Marruecos de 1998, anterior a la Ley de Extranjería no resiste la más benévola crítica jurídica", añade la asociación.
Además, Jpd exige al Gobierno que depure "las responsabilidades disciplinarias y/o penales de aquellos agentes de la autoridad que han golpeado gratuitamente a inmigrantes inermes tras saltar la verja de Melilla". También quiere que el Ejecutivo exija a Marruecos respeto a los Derechos Humanos en la repatriación de inmigrantes dentro de su territorio, y que denuncie ante los Organismos Internacionales las posibles violaciones de derechos humanos al abandonarles a su suerte en el desierto.
Para JpD, "no parece que la solución al problema pase por recurrir el ejército o elevar nuevas vallas, sino atajar la situación desesperada en los países de origen de los emigrantes". Agrega que España, que propugna en el artículo 1 de la Constitución como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y la igualdad, "ha de esclarecer las muertes de inmigrantes en Ceuta y Melilla".