L D (EFE) Su regreso agitó el ya tenso ambiente político ecuatoriano, pero el anuncio de que llegó "cargado" de denuncias contra sus enemigos políticos, ha puesto en alerta a estos últimos, que preparan ataques jurídicos en su contra.
El diputado Guillermo Haro, del partido Izquierda Democrática (socialdemócrata), indicó este sábado que Gutiérrez "tiene que responder muchas cosas ante la justicia", por delitos cometidos antes, durante y después de su administración. Haro opinó que, seguramente, Gutiérrez va a desempolvar algunos casos que podrían involucrar a sus adversarios, pero señaló que el ex gobernante ha perdido "totalmente" la credibilidad en el país. "No le creo absolutamente nada y me parece muy bien que haya venido al país, porque debe responder judicialmente por una gran cantidad de juicios que ha iniciado la Fiscalía" y que tienen que ver, entre otros, por uso indebido de dinero público.
Además Haro recordó que la administración de Gutiérrez está acusada por manejos irregulares en la organización del concurso de belleza Miss Universo, que se celebró en Quito en 1994. El ex gobernante tiene que responder también por la ayuda económica ilegal "recibida para su campaña electoral (en 2002) por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Partido de los Trabajadores de México y del partido Nacionalista de Taiwán", anotó el legislador. Haro recordó que Gutiérrez está hoy preso por "atentar contra la seguridad del Estado", que se sustancia en la Corte Superior de Quito, por pedido de la Fiscalía.
El ex gobernante ha rechazado esa acusación, pero también ha criticado que sea la Corte Superior la que haya ordenado su prisión, por considerar que, en su calidad de ex gobernante, su "juez natural es la Corte Suprema de Justicia", que aún no ha podido crearse desde que fuera disuelta por el propio Gutiérrez en abril pasado. Según Haro, el argumento de Gutiérrez es infundado, pues recordó que el delito que se le imputa fue cometido después de que abandonara la presidencial del país y que los por lo tanto, en esos momentos, estaba sometido a la justicia ordinaria.
Gutiérrez fue acusado en junio pasado, por el entonces ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, de "atentar contra la seguridad del Estado", al interpretar unas declaraciones hechas en mayo por el ex gobernante en Estados Unidos, donde dijo ser víctima de "un golpe de Estado". En esas mismas declaraciones Gutiérrez llamó a los ecuatorianos a desconocer el Gobierno de su sucesor, Alfredo Palacio, que era su vicepresidente y que fue designado por el Parlamento en la misma fecha de la destitución. Varias organizaciones sociales, que auparon las multitudinarias protestas que propiciaron su salida de la presidencia, aseguran que Gutiérrez tendrá que responder por los atropellos a los derechos humanos que, aseguran, cometió durante su administración.
Diego Guzmán, uno de los dirigentes del grupo denominado "forajidos", que se constituyó durante las protestas previas a la destitución de Gutiérrez, recordó a EFE que el ex gobernante debe responder ante la justicia por "llevar a todo el país al abismo, por perseguir con sicarios a sus adversarios y por matar gente".
Según Guzmán, "las denuncias por violaciones a los derechos humanos están presentadas desde noviembre del año pasado y fueron recogidas también por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos e incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". Los "forajidos estamos atentos a lo que pase con el ex dictador, para que pague por todo lo que hizo en el país", añadió Guzmán.
El diputado Guillermo Haro, del partido Izquierda Democrática (socialdemócrata), indicó este sábado que Gutiérrez "tiene que responder muchas cosas ante la justicia", por delitos cometidos antes, durante y después de su administración. Haro opinó que, seguramente, Gutiérrez va a desempolvar algunos casos que podrían involucrar a sus adversarios, pero señaló que el ex gobernante ha perdido "totalmente" la credibilidad en el país. "No le creo absolutamente nada y me parece muy bien que haya venido al país, porque debe responder judicialmente por una gran cantidad de juicios que ha iniciado la Fiscalía" y que tienen que ver, entre otros, por uso indebido de dinero público.
Además Haro recordó que la administración de Gutiérrez está acusada por manejos irregulares en la organización del concurso de belleza Miss Universo, que se celebró en Quito en 1994. El ex gobernante tiene que responder también por la ayuda económica ilegal "recibida para su campaña electoral (en 2002) por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Partido de los Trabajadores de México y del partido Nacionalista de Taiwán", anotó el legislador. Haro recordó que Gutiérrez está hoy preso por "atentar contra la seguridad del Estado", que se sustancia en la Corte Superior de Quito, por pedido de la Fiscalía.
El ex gobernante ha rechazado esa acusación, pero también ha criticado que sea la Corte Superior la que haya ordenado su prisión, por considerar que, en su calidad de ex gobernante, su "juez natural es la Corte Suprema de Justicia", que aún no ha podido crearse desde que fuera disuelta por el propio Gutiérrez en abril pasado. Según Haro, el argumento de Gutiérrez es infundado, pues recordó que el delito que se le imputa fue cometido después de que abandonara la presidencial del país y que los por lo tanto, en esos momentos, estaba sometido a la justicia ordinaria.
Gutiérrez fue acusado en junio pasado, por el entonces ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, de "atentar contra la seguridad del Estado", al interpretar unas declaraciones hechas en mayo por el ex gobernante en Estados Unidos, donde dijo ser víctima de "un golpe de Estado". En esas mismas declaraciones Gutiérrez llamó a los ecuatorianos a desconocer el Gobierno de su sucesor, Alfredo Palacio, que era su vicepresidente y que fue designado por el Parlamento en la misma fecha de la destitución. Varias organizaciones sociales, que auparon las multitudinarias protestas que propiciaron su salida de la presidencia, aseguran que Gutiérrez tendrá que responder por los atropellos a los derechos humanos que, aseguran, cometió durante su administración.
Diego Guzmán, uno de los dirigentes del grupo denominado "forajidos", que se constituyó durante las protestas previas a la destitución de Gutiérrez, recordó a EFE que el ex gobernante debe responder ante la justicia por "llevar a todo el país al abismo, por perseguir con sicarios a sus adversarios y por matar gente".
Según Guzmán, "las denuncias por violaciones a los derechos humanos están presentadas desde noviembre del año pasado y fueron recogidas también por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos e incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". Los "forajidos estamos atentos a lo que pase con el ex dictador, para que pague por todo lo que hizo en el país", añadió Guzmán.