L D (Agencias) Mariano Rajoy presentó este lunes un discurso pronunciado por el Alberto Ruiz Gallardón en el Club Siglo XXI que llevó por título "Madrid, capital de España". En alusión a la tormenta política desatada en la Generalidad desde este pasado fin de semana, el líder del PP dijo que es un "nuevo espectáculo" que contemplan "atónitos" los ciudadanos catalanes. Fiel a si promesa de que el PP no tiene un discurso anticatalanista, Rajoy dejó claro que los ciudadanos catalanes no se merecen lo que les está haciendo la clase política.
Pero, en su opinión, "ni Zapatero ni Maragall, principales responsables de lo que pasa aquí, son eternos. Mas bien –enfatizó– durarán poco, son pasajeros y entonces el sentido común, que está en la inmensa mayoría de la sociedad catalana y española, volverá".
Pero, en su opinión, "ni Zapatero ni Maragall, principales responsables de lo que pasa aquí, son eternos. Mas bien –enfatizó– durarán poco, son pasajeros y entonces el sentido común, que está en la inmensa mayoría de la sociedad catalana y española, volverá".
Ya en referencia al Estatuto y horas antes de que la Mesa del Congreso vote su admisión a trámite, el presidente del PP dijo que la pretendida reforma "no es gratis para España, es muy malo para España y especialmente malo para los ciudadanos de Cataluña". Horas antes, el Partido Popular reiteró que su estrategia para este martes será pedir a la Mesa del Congreso que el texto se tramite como reforma constitucional. En una entrevista en Agora, TV3, el presidente popular explicó este y otros aspectos de la agenda del PP sobre el Estatuto.
Admisión a trámite, sí pero "como reforma constitucional"
Por otra parte, Rajoy, en una entrevista del programa de TV3 Agora, aseguró haber defendido "siempre" que "Cataluña es una nacionalidad", pero que "la idea de nación va unida indisolublemente a la de soberanía", lo que "es un criterio similar al que pueden tener los partidos nacionalistas: nación y soberanía van unidos", que además "es lo que dice el Derecho político y el constitucional".
El líder popular dijo "respetar los sentimientos de toda la gente" pero se preguntó "quién quería" realmente la definición de nación en el proyecto estatutario, si los catalanes o algunos partidos. Y argumentó lo mismo en contra de toda la reforma, ya que la considera fruto del interés de los políticos, no de la sociedad.
Rajoy estaría "a favor de que sea admita a trámite" en las Cortes si se hiciese como "reforma de la Constitución" porque se ve "en condiciones de demostrar" su postura en contra. "Si se plantea como reforma de la Constitución, el debate será más amplio", dijo, pero aclaró que "no tenía ningún sentido organizar este debate", que "no era una prioridad de la sociedad catalana" y que "no se habla en Europa".
Además, consideró que incluso puede ir contra "lo que dice" la Carta Magna no debatir este proyecto como reforma constitucional y limitarse a abordarlo como reforma estatutaria, y confió en que se desprenda lo mismo de sendos dictámenes pedidos por el Grupo Popular en el Congreso al Consejo de Estado, al CGPJ y al Tribunal de Cuentas, a cuyas conclusiones se va a "someter". Para él, es "mucho más justo" que lo decidan estos tres órganos.
“Estaría mintiendo si dijera que Cataluña es insolidaria”
A preguntas del periodista Ramón Rovira, de TV3, y los directores de los diarios “Avui”, Vicent Sanchis; de “El Periódico de Catalunya”, Antonio Franco, y de “La Vanguardia”, José Antich, Rajoy negó que Cataluña sea insolidaria –"estaría mintiendo si dijera que Cataluña es insolidaria"– y constató que Madrid y Cataluña son las autonomías "donde más se recauda".
Sin embargo, dudó de que falten servicios en Cataluña: con el ejemplo de la educación, negó que los servicios de otras comunidades sean mejores que los de Cataluña pese a aportar tanto dinero a España; además, recordó que mucha gente de toda España va a Cataluña a operarse porque hay "una sanidad fantástica".
Sobre posibles boicots contra productos catalanes, Rajoy se desmarcó de esa intención y rechazó también "afirmaciones en los medios de comunicación" contra Cataluña, aunque hizo notar que "se han dicho cosas que no debieron decirse desde todos los lados". "Haré lo imposible para evitar que estas cosas se produzcan, y no es el sentimiento general de la gente" en España, aseguró.
Según el líder del PP, "no es verdad que la gente esté en contra de los catalanes". En cuanto a actitudes en este sentido desde medios de comunicación, afirmó que él no puede llamar a un medio de comunicación para que actúe o deje de actuar de una determinada manera.
Un Estatuto “mucho más que muy socialista”
El líder de la oposición rechazó una relación bilateral Cataluña-España, y dijo que la financiación planteada prevé una comisión que implica "quitar las competencias al Parlamento de Cataluña y al Parlamento nacional", mientras que controlar la hacienda pública es precisamente lo que está en el origen de los parlamentos, constató.
Destacó que el proyecto da "un enorme poder" a la Generalidad en detrimento de los agentes sociales, por ejemplo con "nuevos requisitos adicionales en todas las materias" –citó el marco laboral catalán, normas de ordenación de crédito, banca y seguros, y la "obligación" de atender en catalán en los comercios–. Concluyó que el texto es "intervencionista y mucho más que muy socialista". Rajoy añadió que su prioridad es la competitividad y advirtió de los riesgos del proyecto para la economía.
Rajoy lamentó que con este proyecto "se ha hecho un Estado confederal, que nada tiene que ver con lo acordado en 1978 y en lo que no hay en ningún país del mundo", según él, y en ese estado confederal "la Generalidad asume muchas competencias exclusivas del Estado, y las que no son exclusivas de la Generalidad se deben resolver en una comisión bilateral", de manera que las Cortes no pueden influir, interpretó.
En este sentido, dijo: "Quiero ser presidente del Gobierno de España; lo he intentado una vez y he perdido, y, si Dios quiere, volveré a intentarlo", dijo, por lo que le interesa que Cataluña "vaya de la mejor manera posible" y con "el menos intervencionismo posible por parte de las administraciones públicas".