L D (Europa Press) Además de Atutxa, están acusados el ex parlamentario de EA, Gorka Knorr, y la representante de EB Kontxi Bilbao, que ejercieron durante la pasada legislatura como miembros de la Mesa de la Cámara.
Los tres se ampararon en el informe del ex Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, de 28 de noviembre de 2002 para justificar su actitud ante la orden del Tribunal Supremo de disolver a Sozialista Abertzaleak, grupo parlamentario de Batasuna-ETA.
Los procesados declararon este miércoles por la mañana ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), donde se inició el juicio contra ellos por supuesta desobediencia a la autoridad judicial, al no cumplir el auto del TS de suspender al grupo proterrorista, tras la ilegalización de Batasuna-ETA. Los acusados, que no quisieron responder a las preguntas de Manos Limpias –que ejerce la acusación particular y pide dos años de inhabilitación y una multa de 108.000 euros para cada uno de ellos–, centraron su defensa en el informe de Cardenal, quien antes de que se decretara la ilegalización de Batasuna-ETA y en un procedimiento de la Audiencia Nacional, señaló que la disolución del grupo proetarra no suponía la de los grupos parlamentarios y consideró que la suspensión de éstos era competencia de la Cámaras legislativas.
Juan María Atutxa, que fue el primero en declarar, aseguró que "no tenían ninguna vía para dar cumplimiento" a la orden del Supremo, a pesar de haber realizado "todos los esfuerzos posibles" para materializarla, pese a que, en un principio, consideraron que el auto judicial suponía "una invasión de la soberanía del Parlamento" y que el Supremo "había ido demasiado lejos al dar la orden". En este sentido, aseguró que los miembros de la Mesa del Parlamento se encontraron "en un callejón sin salida" porque, si cumplían con la resolución judicial, incumplían "otra Ley", en alusión al Reglamento de la Cámara que, según destacaron los procesados, no contempla la posibilidad de disolver a los grupos parlamentarios.
Atutxa recordó que el propio Cardenal, en su informe, indicó que, para suspender a los grupos parlamentarios, sería necesaria "una modificación" del Reglamento. Por ello, subrayó que, en la reunión de 5 de junio de 2003 de la Mesa, se promovió la Resolución General del Presidencia –a propuesta el parlamentario del PSE-EE Manuel Huertas– para facilitar la reforma del Reglamento que llevara a la disolución de Sozialista Abertzaleak, "sin prever" que, al día siguiente, la Junta de Portavoces, la iba a rechazar.
De esta forma, negó "rotundamente" que, detrás de su actuación, hubiera "ningún artilugio" para negarse a cumplir la resolución judicial y puntualizó que siempre han actuado "con transparencia". En esta línea, aseveró que los acusados "en ningún momento" se negaron a cumplir la orden del TS, sino a comunicar "la imposibilidad" de materializarla.
Asimismo, afirmó que no llegaron a "ningún acuerdo ni planteamiento previo" con los miembros de la Junta de Portavoces para que la resolución de Presidencia no prosperara. "Nunca hemos despreciado al Tribunal Supremo ni hemos incurrido, en ningún momento, en desobediencia. Hubiera sido más fácil levantar los hombros y decir que no podíamos cumplirlo y, sin embargo, buscamos soluciones, pero no estaba sólo en nuestras manos, sino en las de más personas con más representación en el Parlamento", indicó.
Estos mismos argumentos fueron esgrimidos por Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. Mientras el ex parlamentario de EA recordó que su postura está justificada en el informe de Cardenal, "que no es una persona cualquiera", la representante de EB defendió que, en todo momento, "hubo voluntad de cumplir" el auto, pese a que la suspensión de SA "no era dañina" para el grupo abertzale y sí para su partido. En este sentido, recordó que, con la orden del Supremo, el grupo de Batasuna-ETA pasaría a formar parte del Grupo Mixto, perdiendo "muy pocas" prerrogativas parlamentarias y Arnaldo Otegi pasaría a ser su portavoz.