L D (Agencias) Los asaltantes, de etnia gitana y procedentes muchas de ellas del barrio marginal de La Cartuja de la capital granadina, que pidieron casas acordes a sus bajos ingresos, acudieron de forma escalonada al juzgado, donde se extremaron las medidas de seguridad.
Hasta el Juzgado también se desplazaron los tres propietarios de viviendas en los bloques afectados, entre ellos la pareja formada por Sergio Gallardo y Nieves Hernández, quienes indicaron que son los dueños de las 44 casas restantes los que deben denunciar la situación y no ellos que, dijeron, no han tenido "ningún problema" con los ocupas.
"Estaba vacía"
Tras acudir al Juzgado, uno de los ocupas, Juan Rodríguez, reconoció haberse instalado en una vivienda y no disponer de documentos que demuestren que tiene algún derecho sobre ella, si bien aseguró que entró "porque la casa estaba vacía y sólo había montones de basura", informó Efe.
Añadió que residía en La Cartuja en una vivienda con su mujer, sus dos hijos pequeños, sus padres "y 20 personas más" y que se enteró de que "en Jun había casas vacías", por lo que decidió irse a una de ellas para disponer de más espacio. Rodríguez comentó que está dispuesto a pagar por una vivienda "pero poco", ya que sus ingresos son "escasos", así como que se irá con su familia de la casa de Jun si les llega la orden de desalojo.
"No se nos puede echar a la calle como perros porque somos personas", dijo Rodríguez, quien pidió que, aunque se les desaloje de los tres bloques del pueblo granadino, se les ofrezca "una solución y un techo". También comentó que tienen "un poco de miedo por el clima de racismo que se está creando en Jun, ya que en la concentración de ayer (por el martes) se gritaron consignas como no queremos gitanos ni delincuencia".
No hay fecha de desalojo
Gracia y Josefa, dos jóvenes madres con niños pequeños, también reconocieron haber ocupado las viviendas porque necesitaban "dar un techo" a sus hijos, e insistieron en que "nunca" utilizaron la violencia para instalarse en unas casas que "estaban vacías y sucias" y que ellas se encargaron de acondicionar. Estas dos mujeres, al igual que Rodríguez, recibieron tras ser preguntados por funcionarios del Juzgado un documento en el que se indica que no acreditaron documentalmente el derecho de posesión de las viviendas, si bien aún no se les ha dado fecha de desalojo.
Un vocal de la Asociación de Vecinos Paloma Blanca de La Cartuja fue al Juzgado para expresar su apoyo a los ocupas, en su mayoría procedentes de ese barrio, de donde aseguró que "no les ha echado ninguna mafia rumana". Añadió que los pisos estaban "vacíos, apolillados y rotos", que "nadie ha usado la violencia para ocuparlos" y que "ninguno se niega a pagar por una casa, pero todos tienen ingresos limitados y deberían pagar acorde con ellos".
Por el Juzgado de Instrucción número 8 también pasaron familias que tienen alquilados pisos como la de Carlos Arranz, quien aportó el contrato de alquiler firmado en 2001, o un matrimonio que vive en los bloques desde hace más de dos años pero que sólo pudo documentarlo con un certificado de empadronamiento.