L D (EFE) La juez considera que no hay duda sobre la condición de perjudicados de Alonso S.T., Elisa M.F., María José M.F., Concepción M.F., María de las Nieves y Antonio Manuel M.M.D. y Sarcorfer, en cuanto a titulares de un inmueble, que no constituyendo morada "fue ocupado sin su autorización por los ocupantes, uno de los cuales al menos manifestó su voluntad de no abandonarlo"."Examinadas las actuaciones, el atestado de la Guardia Civil y las comparecencias efectuadas y teniendo el proceso penal como primer objeto el de dar protección al perjudicado, se considera imprescindible la restitución de la cosa inmueble sustraída a la posesión de los titulares por vías de hecho y por la fuerza", señala el auto.
Durante la mañana, comparecieron en el juzgado todas las personas que habían sido citadas tras ser identificadas por la Guardia Civil como moradoras de las viviendas, de las que sólo tres pudieron demostrar que son propietarios de tres de las 47 viviendas que suma el edificio. En el caso se han personado como acusación el Ayuntamiento de Jun, los propietarios mayoritarios del inmueble, miembros de una misma familia, y Sergio, uno de los propietarios minoritarios, que denunció "inseguridad".
Durante la mañana, comparecieron en el juzgado todas las personas que habían sido citadas tras ser identificadas por la Guardia Civil como moradoras de las viviendas, de las que sólo tres pudieron demostrar que son propietarios de tres de las 47 viviendas que suma el edificio. En el caso se han personado como acusación el Ayuntamiento de Jun, los propietarios mayoritarios del inmueble, miembros de una misma familia, y Sergio, uno de los propietarios minoritarios, que denunció "inseguridad".
Algunos reconocieron que entraron de forma ilegal
Tras comparecer en el juzgado, los ocupantes, la mayoría procedentes del barrio marginal de Cartuja de Granada capital, reconocieron que se metieron de forma ilegal en las viviendas, aunque negaron haber usado violencia y aseguraron que estarían dispuestos a alquilar por un precio acorde a sus escasos ingresos. Cabizbajos, mostraban el papel en el que se hacía constar que no habían podido acreditar documentalmente ni por cualquier otro medio que tiene derechos sobre las viviendas que moran y señalaban que si finalmente eran desalojados se iban a ir a vivir al Ayuntamiento.
Así, Juan Rodríguez explicó que se fue a vivir a Jun con su mujer y sus dos hijos de corta edad porque en el barrio de Granada, donde vivía con sus padres, y "20 personas más", corría el rumor de que allí había casas vacías, lo mismo que Encarna Heredia, de 54 años, que desde hace doce días ocupa una casa junto a su hija y su nieta.
Por su parte, el matrimonio formado por Sergio y Nieves y Francisco M.B., propietarios de sendas viviendas, explicaron que ellos no han vivido ningún episodio de violencia y que no han querido denunciar a sus nuevos vecinos porque no les han hecho nada, al igual que Guillermo P. y su mujer, que llevan cuatro años viviendo de alquiler y que aseguran no tener miedo. Sin embargo, Sergio, el tercer propietario minoritario, denunció inseguridad y aseguró que si la Justicia no arregla el desalojo "dejará de pagar su hipoteca, elegirá la casa que más le guste y se meterá a vivir en ella".
Mientras esto ocurría en el edificio judicial de La Caleta de la capital, en Jun, los vecinos protagonizaron una concentración para expresar su apoyo al alcalde y pedir el desalojo.
"Irresponsabilidad" del gobierno andaluz
En Sevilla, el vicesecretario general del PP-A, Juan Antonio Zoido, criticó la "irresponsabilidad" del gobierno andaluz ante los sucesos de la ocupación de viviendas en la localidad granadina de Jun y pidió al subdelegado del Gobierno de Granada, Antonio Cruz, que ponga su cargo a disposición del Ejecutivo.
El grupo parlamentario de IU anunció que pedirá a la Junta que haga una investigación en profundidad para conocer si la ocupación de viviendas responde al "acoso inmobiliario o asustaviejas ya que las casas están ubicadas en un espacio muy goloso para los especuladores".
La ocupación de Jun por parte de decenas de familias no es el primer caso de estas características que ocurre en la provincia, donde hace diez años un grupo de dieciséis familias de Granada ocuparon una residencia que la Guardia Civil tenía abandonada desde 1992 en el barrio de Almanjáyar.