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(Libertad Digital) Tras conocerse la iniciativa impulsada por el periodista y eurodiputado del PP Luis Herrero y otros ocho periodistas llegó otra noticia, esta vez procedente del Tribunal Supremo. Se trata de una sentencia que ha dado la razón a la COPE al estimar el recurso de casación interpuesto por esta emisora de radio. Con esta decisión, el Supremo anula la resolución de la Generalidad de Cataluña de 1998 en la que se denegaba la renovación de la concesión para la gestión de la emisora por la que la COPE emite en Barcelona en el 102.0 de la FM. La sentencia reconoce claramente el derecho de COPE a la renovación de dicha concesión.
Sin embargo, la reacción de la Generalidad constituye una nueva amenaza. Su portavoz, Joaquim Nadal, ha desvinculado los efectos de esta sentencia del proceso abierto por la Generalidad para no renovar otras licencias de esta emisora en Cataluña.
- "Si se trata de una sentencia firme y siendo del Supremo lo es –explicó Nadal–, el Gobierno lo que tiene que hacer es acatarla. Otra cosa es la acción del Gobierno catalán en materia de concesión de licencias de radiodifusión que continuará ejerciendo con sus propias competencias y en los términos de cumplimiento de la legislación vigente".
Nadal aprovechó para recordar el expediente abierto por el CAC sobre los contenidos que se expresan en los programas La Mañana y La Linterna de la COPE. Se trata de un informe abierto –en teoría por unanimidad de los miembros del Consejo– por un presunto delito de vulneración de la Constitución. Recalcó que la sentencia del Supremo "tampoco debe ser confundida con la propuesta de resolución aprobada recientemente por el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC)" por la que se elevó un informe al gobierno catalán y al Ministerio de Industria.
El abogado de la COPE en este proceso, José Manuel Villar, considera que "en materia de libertad de expresión la actuación tiene que ser muy cuidadosa" y "no cabe caprichosamente renovar o no una concesión en función de la mayor o menor simpatía que se tenga a la línea editorial de una determinada radiodifusora".
Con la Ley Audiovisual que prepara el Parlamento catalán, el CAC tendrá la potestad sancionadora y la posibilidad de cerrar emisoras que, por ejemplo, no sean veraces en sus informaciones. La veracidad, a la luz de esa Ley, la decide el propio CAC. El PPC estaba de acuerdo en estos términos pero cuando la noticia salió a la luz dio marcha atrás solicitando un informe al Consejo Consultivo. Con ello provoca una dilación en la tramitación. La votación en Pleno estaba prevista para el 15 de diciembre y el ponente del PPC, Santiago Rodríguez auguró unanimidad.