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Uno de los últimos salafistas detenidos tenía desde enero una orden de expulsión que Interior nunca ejecutó

El Gobierno, que tras los atentados del 7 de julio en Londres, ordenó "la alerta máxima e indefinida" frente a posibles acciones terroristas en suelo español, ha vuelto a permitir que no se lleve a cabo un expediente de expulsión, como ocurrió con tres de los terroristas que se suicidaron en Leganés. Esta vez la orden, de enero, era para el argelino Khalel Bakel, miembro del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate y detenido el pasado 23 de noviembre en Granada. Según informa ABC, Bakel pretendían hacer algo "muy gordo en Madrid" esta Navidad.

El Gobierno, que tras los atentados del 7 de julio en Londres, ordenó "la alerta máxima e indefinida" frente a posibles acciones terroristas en suelo español, ha vuelto a permitir que no se lleve a cabo un expediente de expulsión, como ocurrió con tres de los terroristas que se suicidaron en Leganés. Esta vez la orden, de enero, era para el argelino Khalel Bakel, miembro del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate y detenido el pasado 23 de noviembre en Granada. Según informa ABC, Bakel pretendían hacer algo "muy gordo en Madrid" esta Navidad.
(Libertad Digital) Según informa este domingo ABC, Khalel Bakel, nacido en Argelia y miembro del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), integrado en la red norteafricana de Al Qaeda, había solicitado en Murcia un permiso de trabajo por cuenta ajena el 18 de mayo de 2000. En 2002, pidió otros dos permisos: uno de nuevo en Murcia y otro en Alicante. Los dos quedaron archivados, y el 26 de enero de 2005 se inició una orden de expulsión que fue ratificada el 10 de mayo y notificada el 14 de junio, pero nadie de Interior hizo nada por hacer efectiva la expulsión y Bakel continuó de forma ilegal en España.
 
Esto permitió que el argelino continuara con sus acciones de "proporcionar a los grupos armados los medios necesarios para ejercer su actividad delictiva", según consta en el auto de prisión del juez Fernando Andreu dictado el pasado 29 de noviembre, tras su detención el 23, y que recoge ABC. El argelino fue el encargado de ponerse en contacto con las personas que podían proporcionarle dinamita "goma-2" en Granada, a cambio de hachís, de la misma manera que los terroristas del 11-M, que se hicieron como "goma-2", procedente de una mina asturiana, tras un intercambio de droga.
 
Pero no se llegó a un acuerdo, y los salafistas continuaron con sus actividades para costearse sus objetivos. Entre ellos, como prueba una conversación intervenida por la Guardia Civil, "hacer algo muy gordo en Madrid" esta Navidad, en concreto, "contra unos grandes almacenes del centro de la capital o contra el aeropuerto de Barajas".
 
De la misma manera ocurrió con el palestino Mohamed Kafarna, imputado por el juez Del Olmo "por un presunto delito de colaboración con organización terrorista, ya que pudo haber participado bien en ella o con alguno de sus miembros el 11 de marzo de 2004 y el 3 de abril de 2004", y que logró el pasado 22 de noviembre que la Administración le concediese un permiso para trabajar y residir legalmente en España hasta 2007, uno de los últimos trámites para lograr un "permanente" que le autorice a quedarse a vivir en nuestro país para siempre.
 
El palestino, que fue detenido el 1 de abril en la denominada "Operación Saeta", había solicitado el 9 de marzo de 2004, según relata ABC , un título de viaje o autorización para extranjeros que desean cruzar las fronteras, que le fue concedido el mismo 11-M. Pero, según consta en el sumario, nadie le ha preguntado a Kafarna sobre el destino y el motivo de esa salida de España.

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