(Libertad Digital) La fiscalía comenzó las investigaciones hace 10 meses, el pasado 25 de febrero, justo después de que el presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, durante un pleno sobre el desastre en las obras del túnel del Carmelo, acusara a CiU de tener un problema “que se llama 3%". El líder de CiU, Artur Mas, amenazó acto seguido a Maragall con romper la negociación sobre el Estatuto si no retiraba esas acusaciones. El presidente de la Generalidad las retiró en ese mismo pleno.
Tras una crisis en el gobierno y las Instituciones de Cataluña que quedó tapada, ahora, el fiscal jefe del TSJC, José María Mena, ha ordenado la presentación de la querella. Una vez formalizada, la querella irá a reparto entre los juzgados ordinarios de Barcelona, ya que no estará imputado ningún aforado. Fuentes judiciales aseguraron a El Periódico de Catalunya que la querella afectará sobre todo al intermediario Josep María Penín, que está acusado de exigir una comisión del 20% a las empresas que recibían encargos de rehabilitación de viviendas sin adjudicación.
El fiscal Mena confirmó que la querella hace referencia a CDC, aunque no menciona de forma expresa "el famoso 3%". "La Fiscalía no se ha encontrado en condiciones de formular ninguna acusación sobre el 3% porque no ha accedido a ninguna fuente de conocimiento de la que pudiera extraer una responsabilidad criminal", aclaró Mena. El fiscal jefe de Catalunya se refirió, en primer lugar, a la manipulación de los expedientes de adjudicación de "obras de arreglo de pisos modestos de segunda mano". Según Mena, consta la existencia unos 20 expedientes fraudulentos, cada uno de los cuales se refiere a una suma determinada, que puede ir de los 3.000 a los 6.000 euros.
El diario catalán cuenta que algunos testigos han declarado que Penín, pariente lejano del actual portavoz de CiU en el Parlamento de Cataluña, Felip Puig, –que no está incluido en la querella– les dijo que el dinero era para financiar a Convergencia. Sí estará Josep Anton Fondevila, militante de CDC y consejero delegado entre el 2003 y el 2004 de Adigsa, empresa de la Generalidad dedicada a la rehabilitación y promoción de vivienda social, acusado de autorizar pagos a constructores sin proceso de adjudicación.
Por alterar los precios
También constará en la querella Jordi Huguet, jefe del Área Técnica, ya que por sus manos pasaron la mayor parte de las obras. Ambos hombres son de la máxima confianza de Puig en Adigsa. Aún así, todas las miradas se centrarán en Penín, acusado de alterar al alza los precios en al menos 129 adjudicaciones, porque tenía los contactos con los empresarios supuestamente extorsionados y la antigua dirección de Adigsa.
El Periódico de Catalunya explica en su edición de este viernes que Penín, en su comparecencia ante la fiscalía, desvió la responsabilidad hacía los dos altos cargos de Adigsa, y argumentó que en esas fechas él sólo era un colaborador externo que buscaba pisos para rehabilitar a cambio de una comisión. Además, dijo que se presentaba ante los empresarios con un documento extendido por Fondevila.
Fuentes de la investigación aseguran que hay indicios de que Penín amañó adjudicaciones y que utilizó empresas pantalla para desviar el dinero. También aparece su cuñado, Jorge Honrubia, empleado en la empresa municipal Parques y Jardines de Barcelona, que utilizó una firma pantalla. Igualmente, aparece en la querella Antonio Salguero, el constructor que hizo públicas las irregularidades, al negarse los actuales responsables de Adigsa a pagarle 350.000 euros (58 millones de pesetas) por unas obras comprometidas con la anterior administración y que no tenían soporte legal.
Fuentes de la investigación aseguran que hay indicios de que Penín amañó adjudicaciones y que utilizó empresas pantalla para desviar el dinero. También aparece su cuñado, Jorge Honrubia, empleado en la empresa municipal Parques y Jardines de Barcelona, que utilizó una firma pantalla. Igualmente, aparece en la querella Antonio Salguero, el constructor que hizo públicas las irregularidades, al negarse los actuales responsables de Adigsa a pagarle 350.000 euros (58 millones de pesetas) por unas obras comprometidas con la anterior administración y que no tenían soporte legal.
El fiscal Mena aclaró que la Fiscalía no ha solicitado prisión provisional para ninguno de los imputados, "ya que no se considera que vayan a eludir la acción de la justicia". Sin embargo, apuntó que, desde el punto de vista jurídico penal, "el asunto es de una extraordinaria importancia, ya que el comportamiento de los imputados merece altos niveles de reproche penal y de severidad punitiva". El fiscal no concretó las penas a que se enfrentarán los querellados, aunque aseguró que "son, en cierto modo, escalofriantes".