L D (Agencias) Según informa la agencia EFE, el Parlamento catalán aprobará en el pleno de este martes la ley audiovisual de Cataluña, que prevé sanciones de hasta 300.000 euros y suspensiones de la actividad de un operador en caso de infracciones muy graves, al tiempo que establece que "la información difundida por los medios audiovisuales ha de ser veraz".
El problema se centra precisamente en quién determina la veracidad de una información. Hasta ahora, en caso de conflicto, esa misión correspondía a los tribunales ordinarios. Con la nueva Ley será el Consejo Audiovisual Catalán (CAC), presidido por el PSC y dominado por cargos de confianza del tripartito, el que decida y sancione.
La postura del PPC, en especial de Francesc Vendrell y del ponente en la ley, Santiago Rodríguez, ha pasado del apoyo a la crítica para acabar en la agilización del trámite. Libertad Digital y la cadena COPE informaron de que el PPC auguraba la aprobación por unanimidad –con sus votos– la aprobación de una Ley Audiovisual que permitía al CAC sancionar a una emisora por emitir una información no veraz. Poco después, la reacción del PPC se centró en pedir un informe al Consejo Consultivo por las dudas que les planteaba esa potestad del CAC. La decisión tenía un primer efecto: el trámite se paralizaba no menos de un mes, tiempo necesario para que el Consultivo emitiera su informe. Sin embargo, después llegó una segunda rectificación. Francesc Vendrell anunció que se renunciaba al informe y que su partido trataría de limitar las competencias del CAC. Con tal decisión, el trámite volvía a ponerse en marcha sin posibilidad de plantear, por ejemplo, cuestiones de inconstitucionalidad. En suma, el PPC volvía a su posición original.
Según la ley, las sanciones muy graves comportarán "una multa de desde 90.001 hasta 300.000 euros y la suspensión de la actividad por un plazo máximo de tres meses". Todo ello, vigilado por el CAC. Asimismo, la ley sostiene que "la información difundida por los medios de comunicación audiovisual ha de ser veraz", entendiendo por ello "la que se fundamenta en hechos que pueden someterse a una comprobación diligente, profesional y fidedigna".
Por otra parte, la ley plantea que cualquier cambio en la estructura accionarial o empresarial de los medios de comunicación audiovisual requiera de la autorización del CAC. "Cualquier proyecto de modificación de la estructura accionarial o empresarial de los operadores de medios de comunicación audiovisual requiere la autorización previa del CAC", dice el texto que se aprobará este martes.
Asimismo, el artículo 37.4 de la nueva ley asegura que "durante los tres primeros años el titular no puede hacer modificaciones en la composición accionarial que comporten un cambio sustancial en el control de la entidad correspondiente". En esta línea, la ley sostiene que, en casos de modificación de la estructura accionarial o empresarial de los operadores, "el CAC ha de resolver la operación de concentración o de transmisión en un plazo máximo de tres meses".
Según la ley, las sanciones muy graves comportarán "una multa de desde 90.001 hasta 300.000 euros y la suspensión de la actividad por un plazo máximo de tres meses". Todo ello, vigilado por el CAC. Asimismo, la ley sostiene que "la información difundida por los medios de comunicación audiovisual ha de ser veraz", entendiendo por ello "la que se fundamenta en hechos que pueden someterse a una comprobación diligente, profesional y fidedigna".
Por otra parte, la ley plantea que cualquier cambio en la estructura accionarial o empresarial de los medios de comunicación audiovisual requiera de la autorización del CAC. "Cualquier proyecto de modificación de la estructura accionarial o empresarial de los operadores de medios de comunicación audiovisual requiere la autorización previa del CAC", dice el texto que se aprobará este martes.
Asimismo, el artículo 37.4 de la nueva ley asegura que "durante los tres primeros años el titular no puede hacer modificaciones en la composición accionarial que comporten un cambio sustancial en el control de la entidad correspondiente". En esta línea, la ley sostiene que, en casos de modificación de la estructura accionarial o empresarial de los operadores, "el CAC ha de resolver la operación de concentración o de transmisión en un plazo máximo de tres meses".