L D (EFE) La moción, consecuencia de la interpelación de la diputada popular Alicia Sánchez-Camacho al ministro del Interior, José Antonio Alonso, de la pasada semana, se resolvió con 137 votos a favor y 176 en contra. Sánchez-Camacho recordó durante su exposición el auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, en el que se aprecian "indicios más que suficientes" de delito en la actuación de los policías denunciados por detención ilegal. "Hay motivos para creer que se rehace el atestado policial y se sustituye por uno nuevo, volvemos a lo malos momentos del PSOE, a los momentos en los que se acusa a personas inocentes", dijo la diputada popular.
Los portavoces del Grupo Mixto, Francisco Rodríguez; de IU-ICV, Gaspar Llamazares; de ERC, Agustí Cerdá; de CIU, Josep Maldonado, y del grupo socialista, Juan Luis Rascón, fijaron su voto en contra de la propuesta, coincidiendo todos ellos en que son los propios tribunales los que tienen que decidir si hubo intento de agresión pública.
El representante socialista, que calificó la propuesta de "constitucionalmente extravagante y excéntrica", declaró que se busca cualquier excusa para desprestigiar al Gobierno y pedir la dimisión de sus ministros. Rascón advirtió a Sánchez-Camacho de que su partido se dirige a "la periferia política" con esa actitud; "esta estrategia no les va a salir bien porque el poder lo tienen los ciudadanos", puntualizó.
Llamazares catalogó la proposición popular de "poco seria y de baja calidad", y añadió que es una excusa para "patrimonializar las víctimas del terrorismo por parte de un partido político".
Cerdá dijo a la diputada popular que durante su gobierno se produjeron 578 detenciones ilegales, y declaró que "hubiera sido más inteligente buscar una defensa genérica contra las detenciones ilegales que basarse en el caso concreto de la manifestación convocada por la AVT.
Rodríguez y el diputado de CiU reprocharon a Sánchez-Camacho que esta moción es cuestión de dos partidos -PP y PSOE-, ya que, afirmó Maldonado, si las dos personas detenidas no hubieran sido militantes del Partido Popular, "no harían tanto hincapié".
Los portavoces del Grupo Mixto, Francisco Rodríguez; de IU-ICV, Gaspar Llamazares; de ERC, Agustí Cerdá; de CIU, Josep Maldonado, y del grupo socialista, Juan Luis Rascón, fijaron su voto en contra de la propuesta, coincidiendo todos ellos en que son los propios tribunales los que tienen que decidir si hubo intento de agresión pública.
El representante socialista, que calificó la propuesta de "constitucionalmente extravagante y excéntrica", declaró que se busca cualquier excusa para desprestigiar al Gobierno y pedir la dimisión de sus ministros. Rascón advirtió a Sánchez-Camacho de que su partido se dirige a "la periferia política" con esa actitud; "esta estrategia no les va a salir bien porque el poder lo tienen los ciudadanos", puntualizó.
Llamazares catalogó la proposición popular de "poco seria y de baja calidad", y añadió que es una excusa para "patrimonializar las víctimas del terrorismo por parte de un partido político".
Cerdá dijo a la diputada popular que durante su gobierno se produjeron 578 detenciones ilegales, y declaró que "hubiera sido más inteligente buscar una defensa genérica contra las detenciones ilegales que basarse en el caso concreto de la manifestación convocada por la AVT.
Rodríguez y el diputado de CiU reprocharon a Sánchez-Camacho que esta moción es cuestión de dos partidos -PP y PSOE-, ya que, afirmó Maldonado, si las dos personas detenidas no hubieran sido militantes del Partido Popular, "no harían tanto hincapié".