L D (Europa Press) De momento, Bargalló ha remitido el acuerdo del CAC a los servicios jurídicos del Gobierno catalán y a la Dirección General de Medios y Servicios Audiovisuales para que hagan un estudio pormenorizado del documento. Bargalló recordó que la actual normativa audiovisual en Cataluña sólo permite a la Generalidad tomar medidas ejecutivas si se produce una falta grave, que dependen de la reiteración en la conducta. El Gobierno estima que esta reiteración legal no se da porque sólo cuenta con un informe del CAC, aunque este recoge supuestas vulneraciones de la Constitución de las emisoras del la COPE en días sucesivos.
Además, se da la circunstancia de que la ley del Audiovisual aprobada este martes en el Parlamento catalán con el voto en contra del PP deja esta potestad sancionadora en manos del CAC, funciones que serán asumidas en el plazo de dos semanas, por lo que en el caso de producirse nuevos informes sería este organismo "independiente, profesional, plural y no gubernamental" el encargado de adoptar las medidas que estime pertinentes.
En cualquier caso, esta "anotación" y su reiteración se tendría en cuenta a la hora de renovar las concesiones de las emisoras de la Cadena COPE. Bargalló recordó que la renovación de las concesiones de las emisoras de la COPE tiene "temporalidades diferentes", aunque apuntó que las anotaciones en los expedientes de las emisoras son "igual que las tarjetas de los futbolistas, se acumulan y con cierto número hay un partido de suspensión". Hasta ahora, el límite eran tres anotaciones. El primer consejero descartó que en las conductas denunciadas por el CAC fueran delito, ya que "de serlo habrían acudido a los tribunales.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, Joaquim Nadal, destacó la "independencia" del CAC respecto al Gobierno en sus acciones y aseguró "desconocer" en qué fase se encuentra el expediente abierto a la COPE. Nadal confió en que este organismo regulador aplique sus potestades "con la prudencia requerida por las circunstancias" y señaló que "actuará aún con más independencia a partir de ayer con la aprobación de la nueva Ley del Audiovisual de Cataluña", que le "otorga nuevos poderes y capacidades" para que pueda "formular propuestas y tomar decisiones sobre los contenidos y la veracidad de las informaciones aparecidas en los medios".
El portavoz adjunto del PSC en el Parlamento, Joan Ferran, mostró su "respeto absoluto" por el CAC, "institución sin sombra de duda", con "rigor y sin ningún tipo de partidismo y teniendo en cuenta lo que marca la ley: defender unos contenidos que no generen odio, que defiendan el derecho de información de los ciudadanos y garantizando calidad de la democracia". Ferran aseguró que "si hay una cadena de radio que no acepta las reglas del juego, que se lo haga mirar y corrija la deriva manipuladora de la opinión pública, del derecho a recibir información y el respeto que nos merecen las personas que creemos que la COPE no respeta".
Por su parte, la portavoz de ERC, Marina Llansana, se felicitó por que el CAC, "un organismo neutral, independiente y de prestigio y en base a criterios estrictamente profesionales, denuncie lo mismo que ERC". Llansana recordó la demanda civil presentada por ERC en contra de la COPE y celebró que, tal y como denuncian los republicanos, esta emisora "vulnera el derecho a la información insultando y descalificando a los dirigentes de ERC y por extensión a todo el pueblo de Catalunya".
El portavoz parlamentario de ICV-EA, Joan Boada, consideró que la resolución es "muy importante" y reclamó al Gobierno "que tome nota del informe y tome una decisión lo máximo contundente posible". En cuanto al PP, afirmó que "defiende las mentiras de la Cope" y dijo ver "claro por qué el PP votó contra" la ley del audiovisual, ya que el CAC "podría sancionar" y existía la "posibilidad de quitarle la concesión". "Es una posibilidad que nos parecería bien si continúan en la actitud de faltar a la verdad", añadió.
El portavoz de CiU en el Parlament, Felip Puig, pidió a la COPE que "rectifique" y "si no, que los gobiernos respectivos actúen en el marco de sus competencias". Puig pidió a la propia emisora que "pare esta permanente siembra de la semilla del odio, la discordia, la fractura y la confrontación, de la afrenta a la veracidad y de esta vulneración de la libertad de expresión", ya que ésta "debe tener unos límites: no vale todo, y la COPE está ejerciendo una línea informativa absolutamente hostil a Cataluña".
El diputado del PP en el Parlamento Santiago Rodríguez mostró la "disconformidad" del PP ante la resolución y dijo que quien se sienta afectado por esta posible vulneración "tiene la opción de recurrir a los tribunales". El diputado popular constató que él mismo fue hoy "objeto de determinados programas". "Pero es responsabilidad mía y únicamente mía el decidir si me siento afectado o no y si he de utilizar algún mecanismo", dijo, y aseguró que no lo hará. Acudir a los tribunales "es responsabilidad de los afectados: No soy yo sólo, sino que lo ha sido mucha gente", añadió.
En el pleno del Congreso, el presidente del PP, Mariano Rajoy ha pedido a Zapatero que la misma "piel fina" que tiene al ofenderse por que le llame "bobo solemne" la tenga "cuando algunos de sus correligionarios se erigen en policía de la verdad y amenazan con cerrar medios de comunicación".
