LD (EFE) Mientras Gas Natural preveía vender activos de generación por 3.100 megavatios (MW), el informe de la CNE, que se aprobó el martes, señala que estas ventas deben afectar a 4.300 MW y que esta cantidad no debería pasar a manos de Iberdrola, según han señalado a Efe fuentes cercanas al organismo regulador.
Si bien este informe , que se enmarca dentro de la denominada “función 15” de la CNE, no es de carácter vinculante será una de las bases sobre las que trabaje el Gobierno, que también contará con el informe que debe elaborar el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) antes del próximo 7 de enero. A partir de estos documentos el Ejecutivo tiene la última palabra sobre las restricciones que debe poner la Administración a la OPA.
La CNE , organismo que preside Maite Costa, da un plazo de tres años para la venta de activos pero exige que algunos salgan del grupo resultante de manera inminente como 400 MW en Cataluña y otros en Andalucía, dos comunidades donde Gas Natural no tenía previsto vender plantas de generación. Además, el informe señala que estos activos deben proceder no sólo plantas de fuel y carbón, como en su momento preveía el acuerdo de Gas Natural con Iberdrola, si no que deben afectar a centrales de ciclo combinado y también saltos de agua que tengan todavía una vida útil de como mínimo 10 años, lo que impedirá que el grupo resultante se desprenda de las plantas de generación más obsoletas.
Gas Natural firmó con Iberdrola el pasado 5 de septiembre un acuerdo para la compraventa de activos de generación y distribución, valorados entre 7.000 y 9.000 millones, de la compañía resultante de la OPA, en el caso de que la operación saliera adelante. En su mayoría estos activos eran plantas de fuel, que compensaría el "mix" hidráulico del que actualmente dispone Iberdrola.
Con las condiciones de la CNE la cantidad de dinero fruto de la venta de activos podría ser superior ya que las plantas a enajenar serían superiores. Según fuentes cercanas a la CNE, citadas por la agencia Efe , una de las intenciones de esta medida ha sido rehuir la creación de un duopolio energético en España y que el mercado eléctrico y gasista quede tras la OPA como mínimo con tres grandes operadores y una situación de competencia mucho más equilibrada que la actual. No obstante, en caso de que el acuerdo no fructificase no sería un obstáculo para la ejecución de la OPA, puesto que son operaciones distintas.
En el caso de la duplicación de redes de distribución, que se da en cinco comunidades autónomas, la CNE ofrece dos alternativas de manera que el Gobierno pueda optar por la que crea más conveniente. Una de ellas sería limitar la comercialización al 50 por ciento y desprenderse de 1,5 millones de puntos de suministro de clientes, mientras que la otra alternativa supondría que el grupo resultante de la OPA tuviese que desprenderse de hasta un 40 por ciento de su cuota de mercado, dando entrada a un nuevo operador.
Si bien este informe , que se enmarca dentro de la denominada “función 15” de la CNE, no es de carácter vinculante será una de las bases sobre las que trabaje el Gobierno, que también contará con el informe que debe elaborar el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) antes del próximo 7 de enero. A partir de estos documentos el Ejecutivo tiene la última palabra sobre las restricciones que debe poner la Administración a la OPA.
La CNE , organismo que preside Maite Costa, da un plazo de tres años para la venta de activos pero exige que algunos salgan del grupo resultante de manera inminente como 400 MW en Cataluña y otros en Andalucía, dos comunidades donde Gas Natural no tenía previsto vender plantas de generación. Además, el informe señala que estos activos deben proceder no sólo plantas de fuel y carbón, como en su momento preveía el acuerdo de Gas Natural con Iberdrola, si no que deben afectar a centrales de ciclo combinado y también saltos de agua que tengan todavía una vida útil de como mínimo 10 años, lo que impedirá que el grupo resultante se desprenda de las plantas de generación más obsoletas.
Gas Natural firmó con Iberdrola el pasado 5 de septiembre un acuerdo para la compraventa de activos de generación y distribución, valorados entre 7.000 y 9.000 millones, de la compañía resultante de la OPA, en el caso de que la operación saliera adelante. En su mayoría estos activos eran plantas de fuel, que compensaría el "mix" hidráulico del que actualmente dispone Iberdrola.
Con las condiciones de la CNE la cantidad de dinero fruto de la venta de activos podría ser superior ya que las plantas a enajenar serían superiores. Según fuentes cercanas a la CNE, citadas por la agencia Efe , una de las intenciones de esta medida ha sido rehuir la creación de un duopolio energético en España y que el mercado eléctrico y gasista quede tras la OPA como mínimo con tres grandes operadores y una situación de competencia mucho más equilibrada que la actual. No obstante, en caso de que el acuerdo no fructificase no sería un obstáculo para la ejecución de la OPA, puesto que son operaciones distintas.
En el caso de la duplicación de redes de distribución, que se da en cinco comunidades autónomas, la CNE ofrece dos alternativas de manera que el Gobierno pueda optar por la que crea más conveniente. Una de ellas sería limitar la comercialización al 50 por ciento y desprenderse de 1,5 millones de puntos de suministro de clientes, mientras que la otra alternativa supondría que el grupo resultante de la OPA tuviese que desprenderse de hasta un 40 por ciento de su cuota de mercado, dando entrada a un nuevo operador.