L D (Europa Press) La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que decrete el embargo de las cuentas bancarias y de los bienes inmuebles que puedan estar a nombre de Cándido Azpiazu, condenado en noviembre de 1981 a 49 años de cárcel por haber asesinado en nombre de ETA al empresario Ramón Baglietto, para que haga frente a la responsabilidad civil por valor de 12,6 millones de pesetas que se le impuso en la citada sentencia y que nunca pagó al ser declarado insolvente.
Fuentes jurídicas indicaron que la petición fiscal se produjo el pasado mes de diciembre, después de que se hiciera público que Azpiazu había adquirido un local para abrir una cristalería en los bajos de la vivienda de la viuda de Baglietto, la concejal del PP por Azkoitia (Guipúzcoa) Pilar Elías. El fiscal ha pedido a la Sección que condenó a Azpiazu que solicite al Registro de la Propiedad que determine los inmuebles que pueden pertenecerle y, en concreto, si está a su nombre la cristalería abierta debajo de la vivienda de la viuda de su víctima.
Una vez confirmada la propiedad de Azpiazu, la Fiscalía quiere que el tribunal decrete el embargo de los bienes, así como de las cuentas bancarias que pueda tener abiertas en la entidad financiera que le concedió el crédito con el que adquirió el citado negocio. Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que probablemente la responsabilidad civil de Azpiazu haya prescrito por haber transcurrido más de 15 años desde que la sentencia que le condenó en noviembre de 1981 se declaró firme, aunque hay un sector de la carrera judicial que considera que dicho periodo de tiempo empieza a contar a partir de que el reo abandone la prisión. Aplicando esta segunda teoría, más desfavorable para el penado, la responsabilidad de Azpiazu no habría prescrito.
A pesar de que también se condenó por el asesinato de Baglietto a José Ignacio Zuazolazigorraga, la Fiscalía sólo ha solicitado de momento actuar contra Azpiazu. Según Pilar Elías, Zuazolazigorraga podría haber abierto un restaurante en la carretera de Tolosa.
La petición fiscal contra Azpiazu es del pasado 5 de diciembre, aunque la Sección Primera aún no ha notificado a las partes su decisión al respecto, debido a la antigüedad de la sentencia en cuestión y la necesidad de solicitarla al archivo judicial de Alcalá de Henares (Madrid), donde se almacenan las resoluciones.